Comenzaron en Oslo negociaciones entre gobierno colombiano y FARC

Los delegados del gobierno colombiano.

El gobierno de Colombia y las FARC iniciaron hoy, en la tarde de Oslo y en un absoluto hermetismo, la primera ronda de negociaciones de paz, la cuarta que se abre en los casi 50 años de conflicto interno armado, cuya formalización se expresará este jueves en una conferencia de prensa.

El inicio de las conversaciones, en un lugar que no fue revelado, se dio con algunos atrasos y apenas arribadas las delegaciones, al punto que la representación del gobierno de Colombia fue llevada directamente desde el avión hasta el lugar del encuentro.

La vocera de prensa de la delegación del Ejecutivo, Marcela Durán, confirmó que la delegación, encabezada por el exvicepresidente Humberto de la Calle, una vez pisado suelo de la capital noruega se dirigió de inmediato a la reunión, en las afueras de Oslo.

Por parte del gobierno de Juan Manuel Santos negocian en Oslo el exvicepresidente De la Calle; el líder de la patronal colombiana Luis Carlos Villegas; los generales retirados de la Policía Nacional y del Ejército Oscar Naranjo y Jorge Mora, respectivamente; el exconsejero de paz Frank Pearl y el actual comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

La delegación de las FARC, en tanto, incluye a Luciano Marín (alias Iván Márquez), uno de los miembros del Secretariado del Estado Mayor de la organización; Luis Alberto Albán (Marco León Calarcá), Rodrigo Granda (Ricardo Téllez) y Jesús Carvajalino (Andrés París).

La guerrilla tiene decidida la inclusión de Ricardo Palmera (alias Simón Trinidad) en el panel negociador, aunque sea por videoconferencia, porque está preso en Estados Unidos desde el 2004, donde cumple una condena de 60 años acusado de secuestro.

El martes se incluyó en el proceso a la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, alias "Alexandra", que no está en Oslo, pero que se sumará a las negociaciones cuando las conversaciones se trasladen a La Habana, algo por ahora sin fecha.

Las delegaciones continuarán negociando este jueves, día en el que está prevista una conferencia de prensa de ambas partes -no está claro si será conjunta o por separado- en la que se aguarda el anuncio de la apertura formal de las negociaciones de paz y mayor información sobre el calendario para el traslado del proceso a La Habana.

El encuentro con los periodistas será en el Hotel Hurdal, a una hora de Oslo, a las 15 de Noruega, las 10 de Argentina.

Está claro que tampoco en la conferencia habrá detalles o anuncios de peso sobre las gestiones, porque varios expertos atribuyen a la discreción y la poca difusión el éxito de la primera parte, iniciada desde comienzos del gobierno Santos en el 2010 y concluida hace apenas un par de meses.

La prueba de que en Oslo no habrá más que presentaciones está dada por el anuncio de que es probable que la delegación insurgente vuelva mañana mismo, después de la conferencia, a La Habana, y que el viernes haga lo propio la del gobierno.

La mesa de diálogo se instauró con varios días de retraso. Originalmente estaba previsto que comenzara el lunes o martes y que hoy se anunciara la formalización de las negociaciones, pero la agenda sufrió un retraso por problemas de última hora.

El gobierno y las FARC sostuvieron negociaciones secretas en Cuba entre febrero y agosto, tras las cuales firmaron un acuerdo para comprometerse a entablar negociaciones en octubre.

Se trata del cuarto intento del Estado colombiano por llegar a un acuerdo con las FARC, que surgieron en 1964 y han protagonizado fracasadas negociaciones con los gobiernos de los presidentes Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).

En las conversaciones, además de los propios intereses y objetivos de las partes, se juegan los deseos de otros sectores: las Fuerzas Armadas y de seguridad, víctimas de secuestros, familiares de muertos de uno y otro lado, y hasta de organizaciones de derechos humanos.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, por ejemplo, celebró las negociaciones de paz, pero consideró que un eventual acuerdo "deberá asegurar justicia por los abusos cometidos", ya que de lo contrario Colombia "quedaría expuesta a acciones" de la Corte Penal Internacional.