El juicio contra la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su esposo, Iñaki Urdangarin, acusados de corrupción, comenzó este lunes en Palma de Mallorca (Islas Baleares, Mediterráneo).
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Cristina de Borbón se sienta en el banquillo acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, en el denominado Caso Nóos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6,6 millones de dólares de fondos públicos.
En la primera jornada del juicio, el Fiscal, la Abogacía del Estado y la defensa de Cristina de Borbón, hermana menor del rey de España, Felipe VI, pidieron el sobreseimiento de la acusación que ha llevado a la infanta al banquillo de los acusados por el "caso Nóos", que juzga el desvío de fondos públicos a una entidad presidida por su marido.
Es la primera vez que un miembro de la familia real española se sienta ante un juez, en este caso la infanta está imputada por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido, que está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
La infanta, que a pesar de las presiones, no renuncia a sus derechos dinásticos -el Rey Felipe VI le quitó el título de Duquesa de Palma-, llegó junto a su marido a primera hora de la mañana de hoy al edificio especialmente habilitado para el macrojuicio que se celebra desde hoy en Palma (capital del archipiélago mediterráneo).
Durante la vista que se celebró este lunes, el Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, pidió que se exonere a la hermana rey -sexta en los derechos de sucesión- de la acusación de delito fiscal en aplicación de la doctrina Botín, una jurisprudencia que adoptó el nombre del presidente del Banco Santander en un caso similar.
Esta norma establece que no se puede abrir juicio a un imputado si solo presenta cargos contra él la acusación popular, circunstancia en la que se encuentra la infanta, ya que la Fiscalía no presentó cargos contra ella durante la instrucción, solo lo hizo la acusación popular del sindicato Manos Limpias, que pide ocho años de prisión.
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