El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero logró que el Congreso de los Diputados aprobase su controvertida reforma del mercado laboral, destinada a flexibilizarlo, gracias a la abstención del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y a la de los nacionalistas catalanes y vascos de CiU y PNV.
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Sólo los diputados del Partido Socialista (PSOE) de Zapatero votaron a favor de la medida, sumando 168 apoyos.
Así, se registraron más abstenciones que votos a favor: en total 173, ya que a PP, CiU y PNV se unieron las formaciones minoritarias de Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
Las formaciones de izquierda sumaron ocho votos contra las medidas con las que el Ejecutivo pretende hacer frente a la alta tasa de desempleo en el país, que superó el 20 por ciento en el primer trimestre de este año.
Es la "reforma laboral del despido y no la del empleo", criticó la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. "No se merman derechos", defendió por su parte el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Contra esta reforma, los sindicatos han convocado una huelga general el próximo 29 de septiembre. El despido se ve abaratado al generalizarse el contrato con 33 días de indemnización frente al que hasta ahora contemplaba una indemnización de 45 días. Y se facilita al establecer que para justificar despidos objetivos, una empresa sólo tendrá que acreditar pérdidas, sin un periodo determinado.
Con la votación en el Congreso de los Diputados quedó convalidado el decreto aprobado por el Ejecutivo socialista el pasado miércoles. Ahora pasará a tramitarse como proyecto de ley con carácter de urgencia, lo que propiciará un debate en la cámara y permitirá modificaciones, que es a lo que aspiran los abstencionistas, según dijeron. La nueva ley podría estar aprobada en agosto. Hasta entonces, no obstante, está en vigor el decreto.
Entre sus puntos se encuentra la generalización del contrato laboral indefinido con 33 días de indemnización por año trabajado en el caso del despido improcedente, frente al contrato que hasta ahora contemplaba una indemnización de 45 días. El Estado asumirá el pago de ocho días en caso de despido improcedente en todos los contratos indefinidos.
El gobierno estima el coste de la aplicación de la medida en más de 700 millones de euros hasta 2012 y prevé la firma de 2,37 millones de contratos indefinidos desde julio hasta finales de 2011.
La reforma del mercado laboral española, solicitada por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha generado discrepancias dentro del PSOE.
De hecho, no todos los diputados que votaron a favor de la medida están de acuerdo con ella, si bien le dieron su apoyo por disciplina y compromiso con el partido y con el gobierno. Todos excepto uno: Antonio Gutiérrez, ex secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), se abstuvo, tal y como había anunciado tras criticar duramente la reforma.
El ex presidente regional de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, publicó un artículo de opinión en "El País", en el que defendió el apoyo al gobierno de Zapatero y sus medidas como defensa ante la presión de los mercados. "O nos suicidamos o nos prostituimos", escribió.
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