Tres bajas ministeriales agravan la crisis política en Bolivia. La administración del presidente Rodrigo Paz, ya acorralada por cinco semanas consecutivas de paros y bloqueos, sufrió la dimisión de los titulares de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas. A ellos se añade la anterior salida del ministro de Trabajo, consolidando un quiebre en el gabinete justo cuando el mandatario enfrenta las mayores demandas sociales y financieras de su gestión.
Beatriz García se convirtió en la tercera baja de alto nivel en el Ejecutivo, en un escenario de creciente tensión social donde los manifestantes exigen la dimisión del presidente. A pesar de que el entorno gubernamental validó la información, el Gobierno aún no justificó la salida ni ha designado un relevo. La falta de liderazgo genera dudas sobre la continuidad de la gestión educativa, la cual se encuentra actualmente en pleno desarrollo de sus funciones técnicas y pedagógicas.
Por otro lado, Marcelo Salinas dejó la titularidad del Ministerio de Defensa, según confirmaron fuentes de esa cartera a la agencia EFE, sin dar explicaciones sobre los motivos. Además, medios locales indicaron que Ernesto Justiniano podría ser el reemplazo, a la espera de una ratificación oficial. Esta dimisión, sumada a la que ya había sufrido el Ministerio de Trabajo semanas atrás, engrosa la lista de bajas de una administración acorralada por la presión política.
Bolivia: consecuencias socioeconómicas y saldo de las movilizaciones
Las protestas en Bolivia ya asfixian la economía y los servicios básicos de casi todo el país. Las movilizaciones y cortes de rutas, promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Evo Morales, se extienden por ocho de los nueve departamentos.
De acuerdo a reportes de la prensa local, esta paralización provocó una severa escasez de combustibles, alimentos, insumos médicos y oxígeno hospitalario, además de colapsar el transporte y las actividades productivas esenciales. Las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las más golpeadas por la interrupción del tránsito.
El balance del conflicto refleja una alarmante crisis humanitaria y financiera. La agencia EFE confirmaron nueve víctimas fatales, de las cuales seis perdieron la vida por la falta de asistencia médica oportuna a causa de los cercos camineros. Asimismo, las estimaciones del sector privado cifran los daños económicos en más de u$s1.900 millones, una cifra que agudiza de forma crítica el estancamiento económico que afecta a la nación desde hace tres años.