Cuatro años para un New Deal conservador

Washington - George W. Bush es un líder conservador a quien en su país suelen colgarle la etiqueta de revolucionario o radical por el contenido de sus políticas y la polarización que provocan.

El 43º presidente de Estados Unidos está decidido a dejar huella en su paso por la Casa Blanca. Los planes de su primer mandato se vieron trastocados por el 11-S. Eso lo obligó a un intervencionismo internacional que no preveía. Pese a todo, logró aprobar los mayores recortes tributarios desde la era Reagan, una polémica reforma educativa y otra no menos controvertida ampliación de la cobertura sanitaria a los ancianos.

El segundo cuatrienio, que se inicia hoy con la nueva jura del cargo, seguirá condicionado por la guerra global contra el terrorismo, por el arriesgado experimento iraquí y por el deseo declarado de propiciar un arreglo entre israelíes y palestinos.

La intención de Bush, sin embargo, es dedicar muchas más energías a una ambiciosa agenda de reformas internas. Se está acuñando el concepto de «New Deal conservador» para definir una serie de proyectos de transformación económica y social que, como sucedió con las iniciativas de Franklin D. Roosevelt en los años '30, tienen vocación de influir en el curso del país durante generaciones.

Bush tiene prisa por mover la burocracia parlamentaria. Sabe que los segundos mandatos acaban siendo demasiado cortos. Cuando se acerquen las elecciones legislativas parciales de noviembre de 2006 quedará condicionada la actitud de muchos congresistas, más pendientes de su reelección que de cooperar con la Casa Blanca. El presidente comenzará un largo adiós y será un «pato cojo», con una autoridad en declive y menos palancas de influencia. Por eso Bush quiere apretar el acelerador en los próximos 18 meses. Intenta aprovechar su capital político y la mayoría más holgada de los republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes.

• Seguridad social

La prioridad número uno de la nueva etapa es la reforma de la Seguridad Social, el sistema público de pensiones a jubilados, cónyuges viudos y minusválidos. Se trata de una de las instituciones clave del New Deal (el nuevo contrato) creado en 1935. Bush tiene otros planes de reformas de largo alcance sobre la litigación -la cultura de pleitear para lograr indemnizaciones-, el sistema tributario, la inmigración y la energía. El nombramiento de jueces conservadores, con la renovación parcial de la Corte Suprema, es otro aspecto fundamental de la agenda.

Bush y quienes lo apoyan no se cansan de repetir que, tal como está planteado, el sistema público de jubilaciones no es sostenible debido a que la gente vive más años y a que el índice de natalidad ha bajado. La principal propuesta que se maneja es que los empleados puedan invertir en cuentas de ahorro privadas un tercio de sus contribuciones actuales a la Seguridad Social, que suman 12,4% de sus sueldos -cantidad pagada en partes iguales por el trabajador y su empresa-, con un límite de 1.000 dólares al año. Para la Administración, esta reforma está en línea con su filosofía de convertir definitivamente a EE.UU. en una «sociedad de propietarios».

Arguyen que la inversión privada de su dinero -con las garantías legales que tendrán las cuentas de ahorro-aportaráa los ciudadanos un rendimiento mucho mayor del que consiguen con la Seguridad Social.

Políticos y economistas no se ponen de acuerdo sobre las consecuencias de la reforma. Ni siquiera entre los congresistas republicanos hay consenso. Los enemigos argumentan que Bush exagera las debilidades del sistema actual y que quiere desmontar uno de los programas gubernamentales más exitosos de la historia, amén de desviar gigantescos recursos hacia bancos y aseguradoras.

El gobierno insiste en que los jubilados actuales y quienes estén próximos a retirarse no deben temer por sus pensiones. No obstante, el poderoso lobby de los jubilados, la American Association of Retired People, está en pie de guerra y va a gastar 5 millones de dólares en publicidad para atacar los planes de Bush.

Una de las grandes incógnitas de la reforma es cómo se financiará el enorme déficit público en la fase de transición para garantizar que no quiebre el sistema.

Otra de las obsesiones de Bush que va a tramitarse con urgencia es la reforma de la litigación, para poner topes a las desorbitadas indemnizaciones que pueden decidir los tribunales en casos de daños y perjuicios, especialmente por errores médicos. La Administración subraya que las prácticas actuales disparan el costo de los seguros que pagan médicos y hospitales, y que eso repercute en el altísimo precio de la atención sanitaria. Los críticos rebaten estas tesis con estadísticas y dicen que se trata de un paso más de Bush para favorecer a su clientela política, en este caso empresas y aseguradoras.

Otros proyectos son la simplificación del código tributario y una nueva ley energética más favorable a la expansión de la industria. El tema de los impuestos está pendiente del informe de una comisión bipartidista que presentará sus conclusiones en julio. Los más radicales del bando de Bush querrían eliminar la progresividad del impuesto sobre la renta y compensarlo con un impuesto directo sobre las ventas. Parece muy difícil que eso se plasme.

El nombramiento de jueces es una de las prerrogativas más poderosas de un presidente y allí donde Bush mostró mayor agresividad en su primer mandato. El Senado bloqueó una veintena de sus designaciones más controvertidas en tribunales federales y de apelaciones, pero él insiste en presentar los mismos candidatos.