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Presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) entraron ayer en la finca de Jesús Guerrero, de 65 años, en el occidental y fronterizo estado Táchira, a quien colocaron un collar hecho con una tubería de plástico y relleno con un kilo de explosivos de alta potencia.
El collar-bomba, según los expertos citados por la prensa local, poseía un dispositivo electrónico de doce dígitos y "podía ser activado a distancia", además de que estaba pintado de dorado y tenía inscritas las siglas FARC-EP, detalló la prensa local.
Los presuntos guerrilleros dieron un plazo de tres días a la familia del ganadero para que pagara 187.500 dólares (300 millones de bolívares), pues de lo contrario activarían el artefacto.
Expertos en explosivos del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) y de la policía secreta venezolana Disip, y del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas desactivaron el collar-bomba.
A pesar de que la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, de 2.219 kilómetros, es azotada permanentemente por la guerrilla y los paramilitares colombianos, el narcotráfico y el hampa común, es la primera vez que se produce un hecho de extorsión con la utilización de collares-bomba, subrayaron los medios de comunicación.
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