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La petición, dirigida al juez Alexandre de Moraes, fue firmada por el titular de la Secretaría de Administración Penitenciaria (Seape), Wenderson Souza, y remitida al tribunal el lunes.
Según reveló la prensa brasileña, la gestión busca impedir que el exmandatario sea enviado a la cárcel de máxima seguridad de Papuda, en la capital federal.
El gobierno distrital, controlado por dirigentes cercanos al expresidente, argumentó que Bolsonaro atravesó múltiples intervenciones quirúrgicas en los últimos años y pidió comprobar si su condición médica es compatible con la atención sanitaria y nutricional disponible en las cárceles de Brasilia.
Alternativas que estudia la Justicia
Entre las opciones que analiza el Supremo figura el alojamiento de Bolsonaro en una celda especial dentro de la sede de la Policía Federal, una medida similar a la aplicada con Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumplió 580 días de prisión en Curitiba antes de ser liberado.
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Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión.
Otra posibilidad es otorgarle arresto domiciliario, aunque esta alternativa todavía no cuenta con consenso entre los magistrados. La decisión final dependerá del informe médico que ordene el juez Moraes, quien instruyó la causa principal contra Bolsonaro por su intento de subvertir el orden democrático tras las elecciones de 2022.
A partir de este viernes, el Supremo comenzará a analizar los recursos presentados por Bolsonaro y otros seis acusados de liderar la trama golpista. Los planteos cuestionan presuntas contradicciones en la sentencia, aunque las fuentes judiciales estiman que serán desestimados.
La defensa del expresidente apeló la condena de 27 años
El pasado lunes, la defensa de Jair Bolsonaro presentó una apelación formal contra la sentencia que lo condenó a 27 años y tres meses de cárcel por haber encabezado un intento de golpe de Estado.
El recurso fue interpuesto cinco días después de la publicación oficial del fallo del STF, momento a partir del cual comenzó a correr el plazo legal para impugnar la decisión.
El 11 de septiembre, el Supremo declaró al exmandatario culpable de liderar una organización criminal con el propósito de perpetuarse en el poder luego de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Los abogados defensores calificaron la sentencia de “injusta”, sosteniendo que no existían pruebas directas que demostraran la responsabilidad de Bolsonaro en los hechos y que el fallo carecía de fundamentos claros para justificar la magnitud de la pena.
Las presiones políticas en Brasil
Mientras se aguarda la revisión de su caso, Jair Bolsonaro enfrenta una fuerte presión política tanto desde la oposición, que reclama el cumplimiento estricto de la condena, como de su propio entorno, que exige al Supremo un trato diferencial por su delicado estado de salud.
La resolución del tribunal será clave no solo para definir las condiciones de detención del exmandatario, sino también para medir la tensión institucional que atraviesa el país a menos de un año de la nueva elección presidencial.
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