El Gobierno emplea a reclusos peligrosos para integrar una fuerza policial especial

Una investigación periodística afirma que el grupo ya es tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.

SIN NOMBRE. Se calcula que unos 1.500 uniformados trabajan en la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela. Sus identidades no están disponibles.

Guarenas - Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres de Venezuela. Oficiales de la fuerza han sido acusados de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.

El pasado noviembre, la agencia Reuters publicó una investigación sobre 20 muertos atribuidos a la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.

Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.

Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.

Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.

Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales.

Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.

José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, dijo a Reuters en un breve intercambio de mensajes de texto que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.

El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.

La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.

Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.

Personas familiarizadas con la unidad dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y el miedo que por la rectitud.

“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso. “Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.

La investigación periodística no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.

El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.

“El FAES prefiere el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.