El expresidente podría pasar menos años de los previstos en prisión. No obstante, el oficialismo ya anticipó su respuesta.
El senado de Brasil podría rebajar la pensa de Bolsonaro.
El Congreso de Brasil avanzó con una iniciativa en la que habilitó reducir la pena de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado. Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dejó en claro que bloqueará la norma mediante el veto presidencial, lo que abrió un nuevo foco de tensión política e institucional.
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El senado sancionó este miércoles un proyecto que modificó los plazos de reclusión para diversos delitos, entre ellos los relacionados con atentados contra el orden democrático. La votación finalizó con 48 votos a favor y 25 en contra, luego de que la iniciativa ya hubiera recibido respaldo en la Cámara de Diputados la semana anterior.
La norma, que ahora quedó en manos del Poder Ejecutivo, benefició directamente a Bolsonaro, quien recibió su condena en septiembre por intentar impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. De acuerdo con la legislación vigente hasta ahora, el tiempo efectivo de permanencia en prisión se calculó en torno a ocho años, pero el nuevo esquema redujo sensiblemente ese período.
Según publicó el diario O Globo, el proyecto recortó el cumplimiento en régimen cerrado de 5 años y 11 meses a 3 años y 3 meses, lo que habría permitido que el exmandatario recuperara la libertad, como máximo, a comienzos de 2029.
Tras la votación, el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente y recientemente proclamado candidato para las elecciones de 2026, reconoció que la ley no colmó las expectativas del espacio. “No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura”, afirmó en un video difundido en redes sociales.
No obstante, desde el oficialismo la respuesta fue inmediata. La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, confirmó que Lula vetará la norma y advirtió sobre sus consecuencias políticas y judiciales.
A través de redes sociales, sostuvo que la iniciativa “constituye una falta de respeto a la decisión del Tribunal Supremo y un grave retroceso en la legislación que protege la democracia”.
Además, señaló que la ley no solo alcanzó a Bolsonaro, sino que abrió la puerta a la libertad condicional de más de un centenar de bolsonaristas detenidos por la asonada del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del exmandatario atacaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, pocos días después de la asunción de Lula.
“El manejo de este asunto por parte de la cúpula gubernamental en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado fue un lamentable error”, escribió Hoffmann, y agregó: “El presidente Lula vetará este proyecto de ley. Quienes fueron condenados por atentar contra la democracia deben pagar por sus crímenes”.
El proyecto avanzó a gran velocidad en ambas cámaras, en lo que se leyó como una victoria de la mayoría conservadora del Parlamento antes del receso de fin de año. Desde el entorno de Bolsonaro, la reducción de penas fue presentada como un “primer paso” hacia una eventual amnistía total, objetivo que el bolsonarismo persiguió de manera sostenida.
El impulsor de la iniciativa, el diputado Paulinho da Força, defendió la propuesta como “un gesto de reconciliación” en un país atravesado por una profunda polarización política. Sin embargo, la discusión en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que aprobó el texto por 17 votos a favor y 7 en contra, expuso fuertes tensiones internas.
El senador Renan Calheiros calificó la votación como una “farsa” y abandonó la sesión tras acusar a sectores del oficialismo de permitir el avance del proyecto a cambio de respaldo a otra ley vinculada al aumento de impuestos a empresas tecnológicas como las fintechs. Desde el Partido de los Trabajadores, Randolfe Rodrigues negó cualquier acuerdo y afirmó: “Una cosa no tiene que ver con la otra”.
La aprobación previa en Diputados generó manifestaciones en varias ciudades durante el fin de semana, convocadas por sectores de izquierda bajo las consignas “Sin amnistía” y “Congreso, enemigo del pueblo”. Meses atrás, una iniciativa similar para perdonar a Bolsonaro y a sus seguidores fue frenada tras movilizaciones masivas.
Desde finales de noviembre, el exmandatario cumplió su condena en una dependencia policial de Brasilia, en una habitación reducida, luego de que intentó dañar la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria preventiva.
Bolsonaro, de 70 años, fue hallado culpable de liderar una conspiración para desconocer el resultado electoral de 2022, una trama que incluso contempló el asesinato del entonces presidente electo, pero que fracasó por la falta de apoyo de las cúpulas militares.
Aunque Lula reiteró que el ex presidente “tiene que pagar” su condena, el escenario sigue abierto: el Congreso aún conserva la potestad de insistir con la ley y anular el veto presidencial, lo que promete prolongar un conflicto que mantiene en vilo a la política brasileña.
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