El Tribunal avala la acusación de la ultraderecha y Garzón negó haber quebrado la Ley de Amnistía

El juez español Baltazar Garzón en el banquillo de los acusados.

El juez español Baltasar Garzón negó haber contravenido la Ley de Amnistía del año 1977 con su decisión de declararse competente para investigar los crímenes de lesa humanidad que, a su juicio, se cometieron durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1936-1939).

Garzón, quien está acusado de prevaricación, alegó en la segunda vista del juicio abierto hace una semana ante el Tribunal Superior español que La Ley de Amnistía se refería a delitos políticos y que los crímenes contra la humanidad no lo son.

El juez español de más renombre internacional señaló que los crímenes contra la humanidad que pretendía investigar incluyen la desaparición forzosa de personas, delito que, según argumentó, no prescribe y, por tanto, no está cubierto por la Ley de Amnistía. "Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", afirmó el magistrado, de 56 años, al reiterar su criterio de que durante el franquismo se practicó una política sistemática de exterminación de personas.

Garzón también rechazó que su empeño en investigar los crímenes del franquismo estuviese ideológicamente motivado. "Hice lo que creía que tenía que hacer: investigar miles de crímenes", se defendió ante la acusación de prevaricación presentada ante el Supremo por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad.

Garzón acusaba al dictador Francisco Franco y a 34 exaltos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de crímenes de lesa humanidad. En el juicio por prevaricación abierto el 24 de enero, la fiscalía pide la absolución del acusado.

Suspendido hace dos años como juez de la Audiencia Nacional española, Garzón explicó que asumió la investigación de los crímenes del franquismo basándose en el caso Scilingo, en alusión al juicio que le hizo al exoficial de la Marina argentina Adolfo Scilingo, por crímenes cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983). El exmilitar argentino fue condenado a 1.084 años de prisión.

Garzón también citó como antecedente su persecución al exdictador chileno Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres en octubre de 1998 en virtud de una orden emitida por él, aunque finalmente la Justicia británica decidió no extraditarlo a España.

Antes de hacer sus declaraciones, Garzón había rechazado contestar las preguntas de la acusación, al considerar que ésta "no está legitimada" para ejercer la acusación, que pide para el juez 20 años de inhabilitación. En caso de ser condenado, esta pena implicaría el fin de la carrera judicial de Garzón.

En la apertura de la sesión, la defensa de Garzón había solicitado nuevamente la anulación del juicio, demanda compartida por la fiscalía pero rechazada por el tribunal, que consideró válido el escrito de acusación presentado por el pseudosindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

La defensa alega que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna. Además, acusa al juez instructor de la causa, Luciano Varela, de haber orientado a Manos Limpias a corregir los errores de su escrito de acusación para que pudiese ser aceptado como legalmente válido.

Delante de la sede del Tribunal se habían congregado nuevamente decenas de simpatizantes de Garzón, que corearon consignas de repudio a las organizaciones acusatorias, calificándolas de "fascistas", al tiempo que gritaron lemas de apoyo al juez como "Garzón, amigo, el pueblo está contigo" y "Tribunal Supremo, vergüenza nacional".

Garzón también está sometido a otro juicio por prevaricación, acusado de haber violado el derecho de la defensa al haber ordenado la intervención de conversaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de una vasta trama de corrupción y sus abogados.