El Ucraniagate, en el centro de la campaña electoral

Washington - Ileso en abril pasado tras dos años de investigaciones sobre el Rusiagate, Donald Trump va camino a juicio político cuatro meses después, complicado por una llamada telefónica realizada el 25 de julio al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Una comunicación altamente controvertida, en la que le pidió el “favor” de investigar a Joe Biden, su principal rival en la carrera hacia la Casa Blanca, y a su hijo Hunter, miembro del directorio de la compañía energética ucraniana Burisma donde ingresó por 50 mil dólares al mes.

El magnate también instó a la apertura de una investigación sobre la presunta interferencia ucraniana en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, para anular las conclusiones del Rusiagate, tema que lo tuvo largamente contra las cuerdas por la supuesta acción ilegal del Kremlin a su favor en la pulseada de 2016 con Hillary Clinton.

Esos pedidos se condimentaron, dice la acusación, con una extorsión que consistió en el bloqueo de la ayuda militar estadounidense a Kiev en medio de la acción separatista de milicias prorrusas en el este del país, que ha contado con el respaldo activo de Moscú. Además, se vinculó con la cuestión la suspensión de una visita de Zelenski a la Casa Blanca.

La presión sobre Ucrania ya había comenzado en abril, aunque Trump acababa de esquivar el informe de Robert Mueller sobre el Rusiagate.

El magnate ya había enviado a su abogado personal Rudi Giuliani a Kiev para buscar material comprometedor sobre Biden y convencer a los líderes del país de que anunciaran las investigaciones requeridas por el presidente de Estados Unidos.

Una campaña que también involucró a algunos diplomáticos estadounidenses.

Fue un topo, un agente de la CIA en servicio en la Casa Blanca, quien hizo explotar el escándalo. El 12 de agosto presentó una queja al inspector general de Inteligencia citando la controvertida llamada telefónica sobre la base de informes de varios funcionarios alarmados por la actitud del jefe de Estado.

La Casa Blanca impidió durante un mes y medio que esa queja llegara al Congreso. Mientras tanto, a fines de agosto, el sitio Político reveló que Trump había retenido ayuda militar a Kiev por 391 millones de dólares, asistencia que recién fue liberada el 11 de septiembre cuando el escándalo ya estaba en todas las portadas.

El 24 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de una investigación de juicio político, acusando a Trump de haber traicionado su juramento, la seguridad nacional y la integridad electoral. Pelosi dudó mucho en tomar ese paso, que juzgaba políticamente peligroso para su partido en la antesala de la campaña electoral, pero debió ceder por la presión de las bases y numerosos legisladores.

Al día siguiente, el presidente difundió una transcripción parcial del llamado a Zelenski, articulando un mantra que repite aún hoy: se trató de una entrevista “perfecta, apropiada, sin ningún tipo de quid pro quo” o intercambio impropio de favores.

Pero esa misma transcripción pareció haber proporcionado de alguna manera la “pistola humeante” contra Trump que buscaban los demócratas. Una pistola humeante luego confirmada por numerosos testigos, primero a puertas cerradas y luego en audiencias públicas en la Cámara, transmitida en vivo por televisión, que condujo los procedimientos de juicio político dentro de las casas de los estadounidenses como en los días de Bill Clinton y Richard Nixon.

Muchos diplomáticos y altos directivos de la administración desfilaron por el Congreso, lo que corroboró sustancialmente la imagen acusatoria.

La declaración más abrumadora fue la del embajador de los Estados Unidos en la UE, Gordon Sonland, quien sí confirmó el quid pro quo y que actuó por orden del propio presidente, a la vez que puso sobre el tapete el juego al secretario de Estado Mike Pompeo y al vicepresidente Mike Pence.