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11 de junio 2009 - 11:20

Empresario español tiró a la basura el brazo de un ciudadano boliviano tras accidente laboral

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Frans Rilles, el hombre accidentado (El Mundo)
Un empresario valenciano ordenó tirar a la basura el brazo de un empleado de origen boliviano, al que mantenía contratado de forma ilegal, para intentar ocultar el accidente laboral y abandonó a su trabajador cerca de un hospital cercano, según publican medios españoles.

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El trabajador de 33 años Frans Rilles trabajaba en turno noche en una panificadora en la ciudad de Gandía, en el este del país, cuando el pasado 28 de mayo su brazo izquierdo quedó atrapado en una máquina que se lo arrancó por encima del codo.

El jefe de la empresa familiar lo llevó entonces al hospital, pero lo abandonó a 200 metros de la clínica, pidiéndole que no dijera dónde tuvo lugar el accidente. El empresario temía una reacción de las autoridades, ya que no tenía contratado al ciudadano boliviano de forma legal.

El hospital llamó a la Policía debido a las declaraciones contradictorias del boliviano y finalmente el hombre contó lo ocurrido.

La Policía se dirigió entonces a la panificadora y recuperó el brazo cercenado que había sido arrojado a un contenedor, pero los médicos constataron que ya se encontraba en mal estado como para intentar reimplantarlo.

El Gobierno español se mostró alarmado por el caso y prometió a la víctima un permiso de residencia por motivos humanitarios. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, opinó que sobre el empresario "debe caer todo el peso de la ley".

El ministro comentó que en época de crisis muchos aceptan cualquier trabajo y hay quien no tiene escrúpulos para beneficiarse de ello sin respetar los derechos de los trabajadores. Por eso dijo que en lo que va de año se aumentó un 30 por ciento la inspección laboral contra las actividades económicas irregulares.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, calificó de "repugnante" lo ocurrido y dijo que casos así no pueden volver a repetirse.

La Policía cerró la fábrica provisionalmente. Según los sindicatos, los empleados trabajaban allí doce horas al día a cambio de un salario mensual de 700 euros.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) presentó una denuncia ante la Fiscalía de Salud Laboral en el juzgado de Gandía contra la panificadora Horno Rovira Safor SL, por posible infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales.

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