El registro dactilar y fotográfico, que aún regirá en las otras ciudades de Brasil, había sido ordenado por un juez federal de Mato Grosso do Sul en «reciprocidad» por las medidas de seguridad similares vigentes en Estados Unidos para los ciudadanos brasileños y de otros países a los que se les exige visa.
El gobierno brasileño, que para disgusto de los Estados Unidos se abstuvo de apelar la medida judicial a pesar de que ésta interfiere en su política exterior, ha dicho que pedirá la suspensión de las medidas en caso de que la Casa Blanca también acepte flexibilizar el control a los brasileños, lo que por ahora ha sido rechazado.
Las negociaciones para que los ciudadanos de Brasil sean excluidos de los controles en Estados Unidos fueron planteadas por el canciller brasileño,
