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3 de septiembre 2009 - 23:07

España: la Justicia prohibió un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña

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Un juez de Barcelona prohibió la convocatoria de un referéndum sobre la autodeterminación de la región de Cataluña (noreste) que los independentistas querían organizar el 13 de septiembre en la localidad de Arenys de Munt con el aval de su municipalidad.

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El magistrado accedió, en una sentencia hecha pública, a una solicitud de los abogados del Estado español que consideraban ilegal el proyecto de referéndum.

El artículo 92 de la Constitución española dispone que solamente el Rey, a propuesta del gobierno previamente avalado por el Parlamento, puede convocar un referéndum de esta naturaleza, quedando para los ayuntamientos sólo las consultas populares referidas a temas exclusivamente locales.

Un grupo de independentistas catalanes quería plantear a los habitantes de la pequeña localidad de Arenys de Munt la siguiente pregunta: "¿Está usted a favor que Cataluña sea un Estado soberano, social y democrático?".

La municipalidad había aceptado encargarse de la organización de la consulta.

La decisión judicial tiene lugar cuando la clase política española espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre la conformidad del estatuto de autonomía ampliado que adoptó en 2006 esta próspera región española de fuerte componente nacionalista.

El diario El País dijo el 23 de agosto que una mayoría de jueces de esa jurisdicción presiona para declarar anticonstitucionales algunos aspectos sensibles del nuevo estatuto de autonomía, tales como presentar en su preámbulo a Cataluña como "nación" y la obligación a sus habitantes de hablar en catalán.

La mayoría de los partidos catalanes, catalanistas, nacionalistas e independentistas a la cabeza, anunciaron que consideran un "casus belli" una decisión en ese sentido.

Esto plantearía una difícil situación al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que impulsó la ampliación del estatuto catalán y que necesita a los partidos catalanes en el Congreso de los Diputados.

La decisión del Tribunal Constitucional, varias veces postergada por desacuerdo entre los jueces, es esperada en las próximas semanas.

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