La asociación Argentinos en el Exterior se quejó de las trabas burocráticas de las representaciones nacionales para obtener el certificado de antecedentes penales, especialmente en las comunidades de Canarias, Baleares, Murcia y Valencia.
El objetivo esencial de la propuesta es «acabar con el empleo ilegal, hacer emerger la economía sumergida y acabar con los gastos sociales que genera el trabajo irregular», había concluido
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