Los principales sindicatos de España, CCOO y UGT, confirmaron su intención de impulsar una huelga general de 24 horas por la crisis de acceso a la vivienda, después de que miles de personas reclamaran una medida de esas características durante las movilizaciones realizadas en diferentes ciudades.
España: sindicatos convocan una huelga general de 24 horas por la crisis de la vivienda
CCOO y UGT anunciaron su intención de convocar un paro, por lo que volverán a respaldar una medida de fuerza después de 14 años. La fecha todavía no fue definida, aunque principios de noviembre aparece como una posibilidad, mientras la patronal cuestionó que las empresas deban afrontar el impacto.
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CCOO y UCGT convocan a una huelga general.
La decisión implicará que las dos centrales, que cuentan con alrededor de un millón de afiliados cada una, vuelvan a respaldar conjuntamente una huelga general después de 14 años.
El Sindicato de Inquilinas reclamaba desde hacía varias semanas la convocatoria de un paro general, mientras que CGT ya había anticipado su predisposición a acompañarlo y confirmó su posición después de su XX congreso.
Por qué los sindicatos convocarán una huelga general
CC OO y UGT explicaron en un comunicado conjunto que impulsarán la medida “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”.
“Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, añadieron las centrales sindicales.
El reclamo de una huelga general había sido uno de los principales lemas de las movilizaciones realizadas el sábado. El lunes por la mañana, el Sindicato de Inquilinas incluso anticipó que avanzaría junto con CGT si los dos sindicatos mayoritarios no se incorporaban.
Horas más tarde, CCOO y UGT hicieron pública su decisión de acompañar la convocatoria. Todavía no existe una fecha oficial para la huelga. Ninguna de las cuatro organizaciones involucradas definió cuándo se realizará, aunque fuentes de los principales sindicatos señalaron principios de noviembre como una posibilidad.
En cualquier escenario, las centrales pretenden que el paro tenga lugar antes del inicio de la campaña correspondiente a las elecciones del 29 de noviembre.
Las claves del conflicto en España
La escalada de las protestas coincidió con un momento de fuerte tensión política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, mientras la problemática habitacional adquirió un lugar central en el debate público.
Uno de los acontecimientos que profundizó el descontento fue el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años que vivió durante siete décadas en una vivienda del centro de Madrid.
Abascal, que utiliza silla de ruedas, fue retirada del departamento en camilla el 23 de septiembre, mientras la policía mantenía acordonada la calle. Las imágenes provocaron una fuerte reacción y derivaron en nuevas movilizaciones.
“No he conseguido defender mi hogar, pero he luchado para que otros puedan aprender a luchar por lo que es suyo”, afirmó Abascal en un video grabado desde la cama de un hospital después del desahucio.
Alrededor de 1.000 manifestantes pasaron la última semana acampados en la Puerta del Sol, uno de los principales espacios públicos de Madrid, y aseguraron que permanecerán allí hasta que el Gobierno adopte medidas concretas para proteger a los inquilinos.
Una protesta similar surgió en la Plaza de Cataluña de Barcelona, mientras en distintas ciudades aparecieron pancartas con el lema “¡Ni una sola Maricarmen más!”.
Posteriormente, la inmobiliaria que había impulsado el desalojo llegó a un acuerdo para que Abascal pudiera regresar a la vivienda. Su abogado aseguró que la mujer estaba “contenta”, aunque todavía permanecía hospitalizada.
La crisis habitacional española lleva años desarrollándose y afecta especialmente a los sectores de menores ingresos y a los jóvenes, que encuentran dificultades tanto para comprar como para alquilar una vivienda.
Según datos de Idealista, el alquiler medio prácticamente se duplicó durante la última década. El precio pasó de €8,20 por metro cuadrado en 2016 a €15,10 durante este año.
El Gobierno indicó además que el 26% de los españoles que viven de alquiler destinan, en promedio, el 40% de sus ingresos al alquiler y otros gastos vinculados con la vivienda. En la Unión Europea, el porcentaje de inquilinos en esa situación se ubica en el 18%.
Otro de los problemas es la limitada disponibilidad de vivienda pública. España se encuentra entre los últimos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en este indicador, con menos del 2% del parque disponible destinado al alquiler público, frente a un promedio del 8% en la Unión Europea.
El Banco de España estima que existe un déficit superior a 700.000 viviendas y advirtió que la cifra podría alcanzar el millón durante los próximos dos años si no se adoptan medidas.
Los precios de las propiedades, en tanto, aumentaron 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La escasez de propiedades disponibles también impactó sobre los alquileres. Según Idealista, los precios aumentaron 8,5% durante 2025, mientras que en Madrid el incremento llegó al 9,7%.
Barcelona y Madrid aparecen como las dos ciudades más caras de España para alquilar, con valores de €23,80 y €22,70 por metro cuadrado, respectivamente.
Las dificultades económicas vinculadas con la vivienda llevaron a decenas de miles de personas a participar periódicamente de manifestaciones contra los precios de los alquileres.
Los reclamos apuntaron tanto contra la especulación inmobiliaria como contra las plataformas destinadas al alquiler turístico, entre ellas Airbnb, a las que sectores de los manifestantes responsabilizaron por contribuir a reducir la oferta residencial.
Qué medidas impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez
Frente a la escalada de las protestas, el Gobierno liderado por Sánchez presentó medidas de emergencia destinadas a limitar los desahucios, restringir determinadas operaciones inmobiliarias y ampliar la protección de los inquilinos.
Las iniciativas quedaron divididas en dos decretos. El primero contemplaba suspender hasta 2030 los desalojos de inquilinos vulnerables, extender durante dos años los contratos que vencieran antes de 2028, aumentar los impuestos sobre los departamentos turísticos y limitar la compra de viviendas residenciales por parte de los denominados "fondos buitre".
El segundo incorporaba la renovación automática de los contratos de alquiler, uno de los principales reclamos de sectores de la izquierda y del Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas en el Parlamento. El primer decreto cayó por 178 votos contra 172, mientras que el segundo fue rechazado por 184 votos contra 166.
El Partido Popular (PP) y Vox ya habían adelantado su rechazo, mientras que el partido independentista catalán Junts per Catalunya (JxCat) también comunicó su oposición antes de la votación.
El fracaso de las medidas en el Congreso profundizó la disputa política por la vivienda, mientras las movilizaciones aumentaron la presión para que se adopten nuevas iniciativas destinadas a contener los alquileres y ampliar la oferta disponible.
La reacción de los empresarios ante el anuncio de huelga
La CEOE y Cepyme cuestionaron con dureza la convocatoria y pusieron el foco en que los reclamos sindicales están dirigidos fundamentalmente hacia las políticas públicas y no hacia las compañías.
“La huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios este lunes, horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestaria en materia de vivienda”, sostuvieron las organizaciones empresariales.
Las patronales argumentaron que esas cuestiones “son competencia de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas”.
En consecuencia, consideraron “que las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral”.
También calificaron como “inadmisible” que “se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión”.
Sin embargo, por el momento las organizaciones empresariales evitaron definir la huelga como ilegal y anticiparon que estudiarán su encaje jurídico una vez que exista una convocatoria formal.
“La información conocida hasta el momento no permite realizar una valoración definitiva, especialmente, sobre su encaje jurídico, dado que la convocatoria está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido legalmente”, señalaron.
Qué dijeron Pedro Sánchez y la oposición
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que respetará la convocatoria sindical. “Es un derecho constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa que respetarla”.
“Va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional”, agregó.
Desde el departamento de Yolanda Díaz también expresaron “absoluto respeto a todas las organizaciones sindicales y al derecho de huelga”.
“La vivienda es un problema esencialmente de los y las trabajadoras que hace que la huelga sea una respuesta que se inscribe en el ejercicio normal de este derecho constitucional”, añadieron.
El Partido Popular, en cambio, cuestionó el momento elegido para la medida. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, sostuvo que Sánchez busca obtener “algún tipo de rédito político” de las manifestaciones y de la conflictividad social en medio de la precampaña electoral.
Desde Vox, su portavoz Pepa Millán enmarcó la convocatoria dentro de la “España distópica” de Sánchez: “Que uno sindicatos paniaguados del Gobierno, que no representan a los verdaderos trabajadores de España y que ahora han decidido echarse a la calle, con un Gobierno en funciones, después de haber convocado una huelga general por el desahucio de una señora con ocasión de una ley de Felipe González, es la España distópica a la que nos han llevado”.
Cuándo fue la última huelga general en España
La huelga general más reciente tuvo lugar el 15 de octubre del año pasado, cuando CGT convocó un paro de 24 horas por la situación en Gaza. CC OO y UGT no respaldaron aquella medida en esos términos y optaron por paros parciales y movilizaciones.
Para encontrar la última huelga general apoyada conjuntamente por los dos principales sindicatos hay que remontarse al 14 de noviembre de 2012. En aquella oportunidad, protestaron contra los recortes derivados de la Gran Recesión, en una jornada que también incluyó convocatorias en Italia, Portugal, Chipre y Malta.
Ese mismo año, en marzo, CC OO y UGT habían realizado otro paro general contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La primera gran huelga general respaldada por los principales sindicatos de clase se produjo el 14 de diciembre de 1988, durante el Gobierno de Felipe González.
Posteriormente se realizaron paros generales el 28 de mayo de 1992, 27 de enero de 1994, 20 de junio de 2002 y 29 de septiembre de 2010, además de las dos convocatorias de 2012.
De concretarse el nuevo paro por la crisis de acceso a la vivienda, será la novena huelga general respaldada por CC OO y UGT en España.
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