Evo lastima el estado de derecho

Al presidente de Bolivia, Evo Morales, y a su numen, el vicepresidente Alvaro García Linera, parecería preocuparles poco el estado de derecho. Lo que es serio en un país que aparece cada vez más dividido, con multitudes que salieron a las calles de los cuatro departamentos de la llamada «media luna» del Oriente del país (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz) reclamando el respeto de la ley y presionando en dirección a la autonomía. Pese a ello (o, quizá, precisamente por ello), Morales y García Linera (y su partido, el MAS) siguen empeñados en tratar de imponer -por una vía abiertamente ilegal-una nueva Constitución para los bolivianos. En efecto, violentando los preceptos de la Constitución y de la propia Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que disponen específicamente que para ello se requieren los dos tercios de los votos favorables de los constituyentes (porque se trata, nada menos, que de reformar el pacto social básico de los bolivianos), se proponen hacerlo mediante simple mayoría; de espaldas a las pautas de la Constitución que ambos juraron respetar.

Pese a los anuncios del miércoles, la «última» propuesta de García Linera fue rechazada por la oposición -tanto por Poder Democrático y Social (Podemos) como por Unidad Nacional (UN)porque esconde una trampa: si la nueva Constitución no se aprueba antes del 2 de julio próximo con los votos de los dos tercios de los constituyentes, después de esa fecha se podría ir adelante por simple mayoría. Esta torcida propuesta ya había sido hecha (y rechazada) el 21 de diciembre pasado, por ilegal. Más de lo mismo, entonces.

Hay algo peor aún: los bolivianos todavía no conocen cuál es el texto concreto de la Constitución que ambos mandatarios prohijan, lo que no sólo es conceptualmente inaceptable, sino contrario a la más elemental transparencia en el andar democrático.

Esta intentona es la que provocó la reciente realización de los cabildos abiertos en los departamentos nombrados reclamando legalidad, circunstancia que parecería haber reconstruido algunos de los equilibrios políticos que el país del norte extraviara.

Designación

A esto se agrega ahora una circunstancia que es también grave. Aprovechando la distracción que las fiestas de fin de año provocan en muchos, Morales acaba de designar, por decreto, a cuatro «ministros interinos» de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo en momentos de receso del Congreso, en obvia procura de controlar un órgano que hasta ahora ha tenido el coraje de señalarle públicamente cuáles son los límites que la Constitución de Bolivia pone a la arbitrariedad del poder.

Ese tribunal, por ejemplo, es el que recordó a todos los ciudadanos bolivianos que la Asamblea Constituyente no es originaria (como pretendía el MAS) y que, por ello, debe cumplir con las normas y preceptos contenidos en la actual Constitución de Bolivia.

Los medios bolivianos sugieren que pronto habría también otras designaciones «interinas», en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía General de la República.

Otro paso grave que, según queda visto, parece apartarse de los preceptos de la Constitución boliviana. En este caso, en evidente contradicción al principio republicano de la «división de poderes», que es la barrera constitucional que protege-a los gobernados de la arbitrariedad en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes. Aquel que nos legaron, en su momento, pensadores como John Locke y Charles de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu, los padres de la estructura de la democracia. Aquel que nuestra región recogió en sus propios esquemas constitucionales a partir de la formulación del artículo XXX de la Constitución de Massachusetts, que inspiró a nuestros constituyentes.

Autoritarismo

Cuando un gobierno concentra poder y se aparta abiertamente de los preceptos de su Constitución, las libertades de todos los ciudadanos quedan amenazadas, y el autoritarismo, tarde o temprano, aparece evidente. Así lo sugiere la Historia, en todas partes. Y parece estar ocurriendo en el país hermano, que -con episodios de violencia callejera como los que vive la población de Cochabamba, sumados a lo antedicho-ha vuelto a acercarse al precipicio.

La situación de Bolivia recuerda aquello de Juan José Sebreli: «La identificación de la mayoría con la verdad implica aún otro peligro, la intolerancia con las minorías y el desdén por el pluralismo». A lo que hay que agregar que las encuestas recientes sugieren que los reiterados desaciertos de la administración de Morales podrían haberle ya costado el apoyo de la mayoría de los bolivianos.

(*) Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas. Copresidente del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association.