Las organizaciones de derechos humanos se congratularon por el fallo, que estimaron «envía un claro mensaje al mundo democrático de que la tortura no es negociable».
La sentencia de los lores modificó la decisión del Tribunal de Apelaciones, que en agosto de 2004 había decidido que las pruebas obtenidas mediante tortura eran válidas si habían sido conseguidas por otro país.
El fallo de los lores complica al gobierno del primer ministro
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