El gobernador Rick Scott dijo que el dinero público no puede "financiar adicciones"
El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, dijo que el dinero público no puede "financiar adicciones", al comentar sobre la reciente ley que obliga a quienes soliciten ayudas sociales a someterse a exámenes de drogas.
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De acuerdo a esta nueva ley, que entrará en vigor en julio, todos aquellos ciudadanos que demanden ayudas sociales por parte del estado de Florida deberán realizar un test de uso de drogas, y en caso de que den positivo se les serán denegados los beneficios sociales.
"No está bien que el dinero de los contribuyentes esté destinado a pagar la adicción de alguien. Además, esta medida incrementará la responsabilidad de los ciudadanos. No podemos subsidiar adicciones", explicó Scott en una entrevista con CNN.
Por su parte, el Sindicato de Libertades Civiles Americanas (ACLU) ya ha anunciado que se está planteando presentar un recurso a esta medida por considerarla inconstitucional.
"Lo que el gobernador está haciendo es legitimar el desafortunado estereotipo que se ha establecido en este país en las últimas décadas, de que todos los receptores de ayudas sociales son un puñado de drogadictos", dijo Howard Simon, director de ACLU en Florida.
La normativa se aplicará a los adultos inscritos en el Programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas, quienes costearán los gastos del examen de drogas. Si dan negativos, este valor les será reembolsado; en caso negativo, no y quedarán invalidados como posibles receptores de las ayudas sociales.
Scott ya aprobó recientemente una ley que instauraba controles arbitrarios de drogas a los empleados públicos, una medida que también generó controversia en Florida y que la ACLU recurrió ante la Corte de Florida. Finalmente, la ley se limitó a aquellos empleados públicos cuya labor afectase directamente a la seguridad pública.
"Los ciudadanos de Florida apoyan abrumadoramente los controles de drogas a empleados públicos porque sus impuestos deben sostener un equipo de trabajo sano, seguro y productivo", dijo entonces Amy Graham, la portavoz del gobernador republicano.
La semana pasada cinco congresistas demócratas estatales acusaron la ley de "inconstitucional", ya que la Carta Magna de EEUU asegura que las inspecciones no pueden ser realizadas sin que exista la evidencia de una "causa probable".
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