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El ministro de Justicia, Dominique Perben, que presentó el proyecto en Consejo de Ministros, defendió el "equilibrio" del texto, que "clarifica el régimen de responsabilidad" del presidente.
Pero, para la izquierda, el proyecto pretende "blindar" la inmunidad del actual inquilino del Elíseo, el neogaullista Jacques Chirac, salpicado por escándalos político-financieros que se remontan a sus años como alcalde de París (1977-95).
Un presidente de derechas nunca correría el peligro de ser destituido por el Parlamento, dice la izquierda, porque el Senado tiene siempre una mayoría conservadora debido a su modo de elección.
Según el diputado socialista Arnaud Montebourg, el proyecto quiere instaurar en Francia "una república berlusconiana", en alusión al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que ha obtenido la inmunidad ante la justicia mientras esté en el cargo.
El proyecto también ha suscitado críticas o reservas por parte de figuras del partido de centroderecha (UMP) en el poder.
El presidente de la UMP y ex primer ministro, Alain Juppé, denunció la falta de "claridad" del texto sobre la posibilidad de una destitución presidencial por el Parlamento en caso de incumplimiento de sus deberes "manifiestamente incompatible con el ejercicio" de su mandato.
El presidente de la cámara de los diputados, Jean-Louis Debré, afirmó, por su parte, que no se debe romper el "equilibrio" en que reposa la Constitución, y advirtió que "no se debe pasar de una responsabilidad penal a una responsabilidad política", lo que sería volver "a las viejas prácticas" de la IV República.
El ministro de Justicia trató de responder hoy, ante la prensa, a las críticas y recordó que el texto retoma "íntegramente" las conclusiones de la Comisión Avril, a la que Chirac había pedido que revisara el estatuto penal del jefe de Estado, cumpliendo así una promesa que hizo en su campaña por la reelección en 2002.
El dispositivo, según Perben, hace que "en todos los casos" el presidente "como hombre" será juzgado "por tribunales ordinarios".
"O bien los hechos que se le reprochan tienen una gravedad relativa y, entonces, será juzgado al final de su mandato, porque se habrá suspendido el plazo de prescripción, o los hechos tienen una gravedad particular y son manifiestamente incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
Y, en ese caso, el Parlamento tiene la posibilidad de destituir al presidente", explicó el ministro.
La inmunidad del jefe de Estado prevista por el proyecto va más allá de la jurisprudencia dictada por el Consejo Constitucional y el Tribunal Supremo en los problemas de Chirac con la Justicia.
Según el texto propuesto, el presidente no puede ser objeto de ninguna investigación, instrucción o persecución judicial mientras esté en el Elíseo.
En la actualidad, el jefe de Estado no puede ser interrogado ni perseguido, pero sí puede ser objeto de investigación.
De hecho, un juez instructor abrió el mes pasado una instrucción sobre los "gastos de comida" de Jacques Chirac y su esposa cuando él era primer edil de la capital.
En Nanterre, a la afueras de París, hay una investigación abierta sobre el papel de Chirac en el escándalo de los empleos ficticios en la Alcaldía capitalina a favor del partido neogaullista RPR creado por él en 1976 y refundado en 2002 en la UMP.
El caso del presidente fue separado del sumario sobre ese escándalo por el que Alain Juppé y otros 26 procesados se sentarán en el banquillo del Correccional desde el 29 de septiembre.
El proyecto de ley constitucional confirma la inmunidad del jefe de Estado por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y su "inviolabilidad" durante su mandato.
Reemplaza la noción de "alta traición" -que en la versión actual de la Constitución puede llevar al jefe de Estado ante la Alta Corte de Justicia integrada por parlamentarios-, por la de incumplimiento de sus deberes "manifiestamente incompatible" con el ejercicio de sus funciones.
El nuevo procedimiento de destitución, concebido como "una válvula de seguridad", requeriría el voto por separado de cada una de las dos cámaras y luego el de las dos cámaras juntas para pronunciarla por mayoría.
Si el proyecto es aprobado por el Parlamento, tendrá que ser ratificado, como todo cambio de la Carta Magna, bien por las dos cámaras reunidas en Congreso o por referéndum.
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