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La orden correspondiente, firmada por el viceprimer ministro ruso Aleksandr Zhukov y publicada hoy en la prensa, dispone "garantizar la transferencia a la propiedad federal (estatal) del complejo de la central hidroeléctrica de Shayano-Shúshenskaya, de acuerdo con el dictamen del Tribunal de Arbitraje de la Circunscripción de Siberia Oriental".
El mencionado fallo judicial del pasado 12 de marzo daba la razón a las autoridades de la república autónoma de Jakasia, en cuyo territorio está la mayor planta hidroeléctrica de Europa y Asia, que consideraban ilegal su privatización.
Pero inmediatamente después del dictamen las autoridades jakasas propusieron al propietario actual, "EES (siglas en ruso de Sistemas energéticos Unificados) de Rusia", un arreglo: retirar su demanda a cambio de que se le mantenga el suministro de electricidad a precios privilegiados hasta 2020.
Pero el consorcio no aceptó la propuesta, más aún que el 75 por ciento del fluido que recibe la autonomía lo consume la planta de aluminio Sayanski, del poderoso grupo Rusal.
Durante el proceso de privatización, las autoridades jakasas renunciaron a su parte a cambio del suministro de fluido a tarifas irrisorias, de 0,032 rublos (0,0011 dólar) por kilovatio/hora durante diez años.
Justo ahora, cuando el plazo del acuerdo y también de la posible revisión de la privatización estaban a punto de expirar, Jakasia cuestionó la entrega de la central a EES y, tras un primer intento fallido, lo consiguió el pasado 12 de marzo.
Según declaró el presidente de Jakasia, Aleksey Lébed, la autonomía pretende llegar a un acuerdo con el Gobierno de Rusia para quedarse con el 50 por ciento de las acciones de la central.
Por su parte, el consorcio eléctrico anunció que apelará ante el Tribunal Supremo.
Con su presa de 245 metros de altura, más de un kilómetro de longitud, una potencia confirmada de 6.721 megavatios y una producción anual media de casi 25.000 millones de kilovatios/hora, la planta de Sayano-Shúshenskaya aporta aproximadamente el tres por ciento del fluido que genera Rusia.
En el primer semestre de 2003, los ingresos brutos de la planta hidroeléctrica fueron de 649,7 millones de rublos (22,5 millones de dólares) y la ganancia neta de 94,7 millones de rublos (3,28 millones de dólares).
En el momento de la fundación de EES, esta central fue aportada por el Estado, que tiene un 52 por ciento de las acciones del consorcio y que con la nacionalización de la planta reduciría su participación hasta el 50 por ciento.
Pero su participación está reglamentada por una Ley Federal, según la cual los bienes del consorcio no pueden ser vendidos ni enajenados y la participación del Estado no ha de ser inferior al 51 por ciento.
Por tanto, según señalan los representantes de EES, la reducción de la participación del Estado en la compañía es imposible sin que sea enmendada la ley correspondiente.
Además, si la nacionalización llegase a producirse, EES considera que el Estado deberá compensarle las inversiones hechas en la modernización de la planta, calculadas en más de 2.000 millones de rublos (69,25 millones de dólares).
Pero, aún así, el litigio en torno a la mayor central hidroeléctrica del país, incluso si EES consigue el fallo favorable del Tribunal Supremo, repercute de inmediato en la Bolsa, donde hoy a mediodía sus acciones habían perdido un 5,2 por ciento.
Tampoco refuerza la confianza en las permanentes aseveraciones de las máximas autoridades rusas, incluido el presidente Vladímir Putin, de que los resultados del proceso de privatizaciones que comenzó tras la desintegración de la URSS no serán revisados.
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