España: Sánchez insta a investigar violaciones a DDHH en el franquismo y a buscar a desaparecidos

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El proyecto de memoria histórica, votado por el gobierno, incluye la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, la nulidad de los juicios de la dictadura y la ilegalización de la Fundación Franco.

El gobierno de coalición de izquierda de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, aprobó este martes su ley de Memoria Histórica, que debe aún superar el trámite legislativo, destinada a reparar a las víctimas de la dictadura franquista con medidas como la búsqueda de desaparecidos, la realización de investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período y la ilegalización de instituciones que promueven las ideas de Francisco Franco.

"La memoria, la justicia y la reparación deben ser cuestiones de Estado", señaló Pedro Sánchez en Twitter.

"Hoy damos un paso más en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura con la ley de memoria democrática. Hoy cerramos un poco más las heridas; podemos mirar al pasado con mayor dignidad", subrayó.

El proyecto plantea la creación de una fiscalía de sala, dentro del Tribunal Supremo, que podrá “investigar sobre violaciones de derechos humanos” durante el franquismo, explicó la vicepresidenta primera del ejecutivo, Carmen Calvo.

En España, la ley de amnistía a hecho imposible cualquier juicio por los delitos cometidos por la dictadura de Francisco Franco, por lo que muchos familiares de víctimas han recurrido a la justicia universal para presentar denuncias en otros países, como Argentina.

No obstante, Calvo reivindicó la necesidad de ofrecer “garantías propias de una democracia como la nuestra”, y destacó que “no hay más garantía que estar dentro de tratados internacionales” sobre derechos humanos, informó el diario La Vanguardia.

Más de 100.000 víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) se encuentran todavía desaparecidas, según estiman historiadores y asociaciones de víctimas del franquismo, que llevaban décadas pidiendo con escaso éxito ayuda al Estado español.

El proyecto de ley de memoria histórica democrática, como lo describió el gobierno de Sánchez y que debe ser validado por el Congreso, convertirá su búsqueda en una "responsabilidad de Estado". De los 750.000 euros (890.000 dólares) que prevén destinar a desarrollar esta ley en 2020, un 60% se destinará a ello.

La iniciativa del ejecutivo de izquierda, fuertemente criticada por defensores de Franco y grupos de extrema derecha, prevé además la elaboración de un mapa con todas las fosas comunes y crear un banco de ADN de las víctimas para facilitar su futura identificación.

Este último punto era crucial para las asociaciones de familiares que veían con temor cómo los parientes más directos desaparecían sin dejar almacenadas muestras genéticas para cruzarlas con las de los restos que se pudieran encontrar en el futuro.

"Cada vez que el gobierno de Sánchez está en problemas, saca el espantajo de Franco", se quejó el senador del conservador Partido Popular (PP), Javier Maroto.

Llegado al poder en junio de 2018, el socialista se puso como una de sus prioridades el resarcimiento de las víctimas de la dictadura franquista.

Su decisión más simbólica fue exhumar, en octubre, los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, un monumental mausoleo en las afueras de Madrid y coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura.

El dictador quiso presentar el complejo, construido en parte con el trabajo forzoso de presos políticos, como un símbolo de reconciliación en España e hizo enterrar allí víctimas de ambos bandos, sin permiso de las familias de los muertos republicanos.

El proyecto de ley prevé reconvertir el espacio en un cementerio civil, permitir a los parientes recuperar los restos de sus familiares enterrados y dotar de un nuevo significado el complejo para que deje de ser un lugar de "exaltación" del franquismo.

El gobierno también quiere prohibir la Fundación Francisco Franco, que hace apología del dictador que dirigió con mano de hierro España durante 36 años.

Entre el resto de medidas figura declarar nulas las condenas y juicios sumarísimos contra los partidarios republicanos.

Este proyecto amplía el contenido de una primera ley de "memoria histórica" adoptada en 2007 por el Congreso con el impulso del precedente gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que buscaba el reconocimiento de las víctimas del régimen.

Su aplicación quedó bloqueada durante el mandato del conservador Mariano Rajoy (2011-2018) del PP, que se vanagloriaba de no haber destinado ni un euro de dinero público en ella.

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