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El magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, indica en su providencia transmitida al gobierno regional vasco y a la policía autonómica vasca (Ertzaintza) que "no tendrá carácter legal o lícito (...) cualquier manifestación, ya sea convocada corporativamente, personal, pública o privadamente y que, de hecho, se refiera a Batasuna".
El 26 de agosto pasado, Garzón suspendió por tres años las actividades de Batasuna por sus vínculos con la organización armada vasca ETA.
En esa ordenanza suspendía asimismo la "capacidad (de Batasuna) de convocar a manifestaciones, concentraciones o cualquier acto público o de asistir a los mismos".
La resolución del lunes entiende por lo tanto que "deberán tomarse las medidas necesarias para hacer efectiva la orden judicial en toda su extensión".
Además pide a la policía española y a la delegación del gobierno central en el País Vasco que le informen si "existen convocatorias de manifestaciones realizadas por Batasuna directa o indirectamente, o a través de personas vinculadas a la misma".
La decisión de Garzón se produce al día siguiente de que varios miles de personas participaran en una manifestación en San Sebastián (País Vasco, norte) que desembocó en algunos incidentes. La concentración había sido autorizada por las autoridades regionales.
Para el 7 de septiembre, ciudadanos particulares convocaron a una manifestación en Bilbao para denunciar la "grave situación" en el País Vasco.
Representantes del gobierno español en el País Vasco presentaron el lunes un recurso administrativo contra la autorización otorgada por el gobierno regional vasco a la manifestación del 7 de septiembre por temor a que se produzcan "incidentes" que "alteren el orden público".
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