Madrid (EFE, AFP, Reuters) -El gobierno español intentó ayer disipar las dudas que se ciernen sobre el proceso de paz abierto tras la declaración de alto el fuego de la organización terrorista ETA y transmitió el mensaje de que sigue habiendo razones para la esperanza, aunque reiteró que debe cesar todo tipo de violencia y chantaje.
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El pesimismo sobre la marcha de este proceso, con el que se trata de poner fin a casi cuatro décadas de terrorismo en España con más de 800 muertos, se ha alimentado en los últimos días con diversos actos de violencia callejera en el País Vasco pero, sobre todo, con la difusión de un mensaje amenazador en nombre de ETA.
Tres encapuchados, que luego hicieron disparos al aire, leyeron el sábado en la localidad de Oiartzun, durante un homenaje a etarras fallecidos, un comunicado en el que aseguraron que la lucha armada de la banda continuará hasta la independencia del País Vasco.
El juez Baltasar Garzón abrió ayer diligencias por un supuesto delito de terrorismo en relación con la lectura de ese comunicado y solicitó a la policía informes sobre cómo se desarrollaron los hechos.
En medio de duras críticas opositoras, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió que la paz implica la desaparición de todo tipo de violencia y chantaje y remarcó que «la democracia es incompatible con la violencia, como lo es el diálogo con el chantaje».
Rubalcaba, que desempeñó un papel clave en la gestación del alto el fuego desde su anterior cargo de portavoz parlamentario socialista, señaló, no obstante, que existen motivos para la esperanza.
«Las reglas están claras: ausencia de violencia y cumplimiento de las leyes. Son reglas que no vamos a cambiar, reglas que vamos a defender firmemente, porque sabemos que esa firmeza nos ha permitido llegar hasta aquí», aseguró. Más optimista se mostró el portavoz de Partido Nacionalista Vasco -formación nacionalista moderada que gobierna desde hace más de 20 años en el País Vasco-, Iñigo Urkullu, quien aseguró que el proceso de paz «no está en un callejón sin salida».
Fuera del coro general, el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), contrario al proceso iniciado por el gobierno socialista, interpretó la amenaza de los encapuchados como un «ultimátum» al Ejecutivo, al que volvió a acusar de « debilidad» ante ETA.
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