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El presidente de la máxima corte laboral dijo que votó por Lula en los comicios de octubre pasado porque esperaba que emprendería desde el gobierno una serie de reformas constitucionales "respetando los derechos adquiridos por los funcionarios".
"Me siento víctima de una estafa electoral", subrayó.
Lula, que fue investido el 1 de enero pasado, ha propuesto, entre otros aspectos, establecer un techo máximo de unos 840 dólares para los salarios de los ex funcionarios.
Además, quiere que el Congreso apruebe la ampliación de los años de servicio antes de conceder la pensión y que los jubilados paguen nuevos tributos.
El gobernante socialista, que abanderó desde las filas de su Partido de los Trabajadores la defensa tenaz de los derechos de los trabajadores y jubilados, ha provocado sorpresas y críticas con las propuestas de reformas que ha presentado.
Lula alega que los cambios son necesarios para no comprometer las arcas públicas.
El presidente también pretende llevar a cabo aún este año las reformas fiscal y laboral y que hasta antes de concluir su mandato en 2006 sean realizadas las reformas política y judicial, "todas fundamentales al desarrollo del país", como argumenta.
El jurista afirmó que "todo mundo sabe que ese proyecto de reforma nació por imposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, organismos internacionales que desde hace mucho controlan la economía brasileña".
Las críticas del magistrado se producen en una semana crucial para la reforma del sistema social que es tramitada en el Congreso.
El Gobierno federal y los gobernadores de los 27 estados nacionales analizarán mañana, martes, posibles cambios en el proyecto de enmienda.
El Ejecutivo federal pretende llegar a un consenso con las autoridades regionales para intentar introducir cambios que puedan minimizar las críticas originadas entre varios presidentes de las principales cortes nacionales.
En comienzo Lula abogó por la aprobación integral de su proyecto original y no dio muestras de admitir cambios.
El nuevo discurso del gobernante se debe a la oposición reciente del Poder Judicial a varios puntos, como el cobro de nuevos impuestos sobre el salario de los jubilados en el servicio público.
El Gobierno teme que el Poder Judicial pueda crear obstáculos legales a la realización de la pretendida reforma.
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