Río de Janeiro - Organizaciones civiles y políticas, así como ciudadanos autoconvocados, volvieron a salir ayer a las calles de varias ciudades de Brasil para reclamar la destitución en juicio político del presidente, Jair Bolsonaro, a quien culpan por el nuevo aumento de los casos y muertes por covid-19.
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CLIMA. Las caravanas contra Jair Bolsonaro realizadas en Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil son parte de un creciente movimiento de protesta contra el manejo oficial de la pandemia.
Dirigentes y organizaciones de izquierda realizaron caravanas por el impeachment el sábado en las principales ciudades, las que ayer repitieron en Río de Janeiro, San Pablo y Belo Horizonte, entre otras capitales estaduales, entidades civiles volcadas a la derecha como Vem pra Rua (“Vení a la calle”) y el Movimento Brasil Livre, los que lideraron en su momento la ofensiva que terminó en 2016 con el Gobierno de Dilma Rousseff.
El respaldo popular al presidente de ultraderecha cayó drásticamente debido a la decepción pública por el manejo de la brutal segunda ola de la pandemia.
De acuerdo con un sondeo de Datafolha, el Gobierno es calificado como malo o muy malo por el 40% de los consultados, frente al 32% en un estudio similar de principios de diciembre. Poco menos de un tercio de los encuestados lo consideró bueno o muy bueno, frente al 37% previo.
Los resultados de la encuesta representan un duro golpe para el presidente y constituyen la mayor caída de aprobación pública desde el inicio de su gestión en 2019.
Sin embargo, a pesar de las caravanas y los cacerolazos que se vuelven a escuchar, la mayoría dice estar en contra de una destitución.
La situación más dramática se da en el estado de Amazonas, donde se agotaron las existencias de oxígeno para los hospitales y el sistema sanitario está colapsado.
El hecho de que hayan llegado tubos de oxígeno desde Venezuela, en medio de la pasividad atribuida al Gobierno federal, caldeó más los ánimos ante el inicio hoy de una nueva cuarentena en ese estado.
El Gobierno local impuso la prohibición de la circulación de personas y la venta de productos no esenciales por siete días, medidas que se suman al toque de queda nocturno vigente desde hace diez.
