Benazir Bhutto, ayer en Lahore, poco antes de que el régimen
militar paquistaní la pusiera otra vez bajo arresto domiciliario.
La situación en la única potencia nuclear del mundo
musulmán es explosiva.
Lahore (AFP, EFE, Reuters, LF) - La ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, fue puesta ayer de nuevo bajo arresto domiciliario, poco después de que anunciara la ruptura definitiva de sus negociaciones con el presidente Pervez Musharraf para un reparto de poder.
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El segundo arresto domiciliario en una semana de la ex primera ministra tiene una validez de siete días y su objetivo es impedirle participar en una «larga marcha» desde Lahore (este) a Islamabad, prevista para hoy, y que las autoridades paquistaníes han prohibido en el marco del estado de excepción vigente.
«Tratamos de entregarle la orden», dijo Aftab Chima, un alto mando de la policía de Lahore. «Sin embargo, no estaba disponible para recibirla», agregó.
Pese a que la ex primera ministra no recibió la orden personalmente, la medida la volvió a poner de hecho en arresto domiciliario y la policía rodeó su domicilio.
La orden dispone que Bhutto debe permanecer siete días en casa de un dirigente de su partido en Lahore, donde aguardaba la celebración de la marcha para exigir el levantamiento del estado de excepción decretado por el presidente Musharraf el 3 de noviembre y pese a que éste anunció que las elecciones legislativas deberán celebrarse antes del 9 de enero.
Amenaza
Horas antes de la nueva medida en su contra, Bhutto había declarado a la prensa desde Lahore que «no habrá más negociaciones» con Musharraf para un posible reparto del poder.
«He cambiado de política», dijo. Además, amenazó a las autoridades del país con un «boicot» de las próximas legislativas por parte de su formación, el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP).
Bhutto regresó a Pakistán después de ser amnistiada de acusaciones de corrupción que enfrentaba y con la idea de negociar un reparto de poder con Musharraf, que bate récords de impopularidad.
El acuerdo habría sido el apoyo del PPP al actual jefe de Estado en las legislativas a cambio del cargo de primera ministra para Bhutto. Sin embargo, el pasado miércoles, la dirigente ya cambió de rumbo y llamó a sus conciudadanos a protestar contra el estado de excepción.
«No podemos trabajar con alguien que ha suspendido la Constitución, impuesto el estado de excepción y que oprime al Poder Judicial», explicó ayer Bhutto, cuyo liderazgo es promovido por EE.UU. con la esperanza de llevar adelante una democratización ordenada del país.
El domingo, presionado por los países occidentales, sobre todo por EE.UU., Musharraf anunció que las legislativas tendrán lugar antes del 9 de enero. Sin embargo, mantuvo el estado de excepción, asegurando que es el único modo de permitir unos comicios «justos y transparentes» en un momento en que el país atraviesa una oleada sin precedentes de atentados terroristas perpetrados por islamistas afines a los talibanes y a Al-Qaeda.
El anuncio de las elecciones es un «paso positivo», pero es inconcebible que se celebren bajo el estado de excepción, consideró Bhutto.
La dirigente prometió celebrar hoy su «larga marcha», prohibida oficialmente por el gobierno en virtud del estado de excepción.
Riesgo
«Hay amenazas de atentados suicidas dirigidas específicamente contra ella», indicó el jefe de la policía de Lahore, Malik Mohamad Iqbal, calificando el riesgo de «serio, inminente y muy grave».
El pasado viernes, con ocasión de un mitin semejante organizado por su partido, las autoridades retuvieron a la política en su casa bajo arresto domiciliario, para evitar que acudiera a la reunión.
Bhutto, de 54 años, fue blanco de un terrible atentado el 18 de octubre, día de su regreso triunfal a Pakistán tras ocho años de exilio. Ella salió ilesa pero en el ataque, el más mortífero de la historia del país, perecieron 139 personas.
Más de 4.000 opositores, en su gran mayoría abogados, magistrados y defensores de los derechos humanos, fueron encarcelados o puestos bajo arresto domiciliario en Pakistán desde inicios de noviembre.
Para la oposición y los países occidentales, el estado de excepción es la única forma que Musharraf ha encontrado para aferrarse al poder.
En los últimos días, el jefe de Estado ha destituido a los jueces de la Corte Suprema que iban a pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de su triunfal reelección, el 6 de octubre.
