El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
La policía de Nicaragua detuvo durante la noche del martes a cuatro líderes opositores, entre ellos dos aspirantes a la Presidencia, ampliando la lista de arrestos en el marco de leyes sancionadas durante el gobierno de Daniel Ortega bajo el argumento de "proteger la soberanía".
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Con las detenciones del martes, suman cuatro los precandidatos presidenciales detenidos.
La última de esas detenciones, la de Juan Sebastián Chamorro García -primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios-, ocurrió bajo cargos de "incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos", "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo", entre otros, según nota de prensa de la Policía Nacional.
Su arresto, con horas de diferencia al efectuado hacia el también precandidato Félix Maradiaga, ocurre a cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre y en medio del rechazo internacional, que exige la liberación inmediata de los detenidos por el régimen de Ortega.
En tanto, el exdiplomático Arturo Cruz fue arrestado el sábado tras regresar de Estados Unidos.
Maradiaga y Chamorro García son investigados por realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, según la policía.
Los cargos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del régimen de Ortega y bajo la que también fue acusado Cruz.
Las detenciones siguieron en la noche del martes, cuando fueron apresados el dirigente empresarial José Aguerri y la líder de la sociedad civil Violeta Granera, investigados bajo los mismos cargos que Maradiaga y Chamorro García, según la policía.
La ofensiva contra los opositores comenzó hace una semana contra Chamorro Barrios, en arresto domiciliario y quien no pertenece a ningún partido, aunque sondeos de opinión le daban el mayor respaldo ciudadano después del presidente Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque él no lo oficializó.
La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
El Departamento de Estado norteamericano dijo que los arrestos "arbitrarios" demuestran que Ortega es un "dictador". "La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal", dijo en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando "un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro".
La vicepresidenta Rosario Murillo, y esposa de Ortega, advirtió en una alocución a medios afines al gobierno -sin referirse a los casos penales contra los opositores- que "la justicia llega tarde, pero llega", tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados" por personas egoístas, haciendo alusión a las protestas de 2018.
Ortega, de 75 años y quien lleva 14 en el poder en Nicaragua, encara sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que le reclaman cambios políticos y la realización de elecciones libres y justas.
Además de la detención de los precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo de Nicaragua.
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