El Salvador endurece su ley penal juvenil y aprueba la prisión perpetua para menores

La Asamblea Legislativa aprobó las modificaciones el jueves pasado. La decisión del gobierno de Nayib Bukele se inscribe en un debate regional sobre la criminalidad en menores de 18 años, que también tiene su correlato en Argentina tras la reciente aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Archivo. Bukele, Milei y el endurecimiento de las penas de menores.

El Salvador dio un nuevo paso en el endurecimiento de su política de seguridad: el pasado jueves, la Asamblea Legislativa aprobó la aplicación de prisión perpetua para menores de 18 años en casos de delitos graves. La medida se inscribe en la estrategia del presidente Nayib Bukele, que desde hace cuatro años sostiene una ofensiva abierta contra las pandillas.

El cambio se formalizó a través de una reforma a la Ley Penal Juvenil que incorpora la pena máxima dentro de un régimen excepcional para menores en conflicto con la ley. Según el texto, se establece además la eliminación del procedimiento especial juvenil para estos delitos, aunque se prevén instancias de revisión periódica para evaluar el grado de rehabilitación y la posibilidad de acceder a un esquema de libertad controlada.

La postura de El Salvador se inscribe en un lento cambio de perspectiva regional en cuanto al tratamiento legal de los delitos de menores. En Argentina, el gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil el pasado 9 de marzo, una reforma que modifica de manera sustancial el sistema vigente y fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años. En Chile, Perú y Paraguay, también discutieron diferentes reformas en sus legislaciones.

El Salvador endureció las penas por delitos graves de menores de edad

La iniciativa había sido impulsada por el Ejecutivo y obtuvo un respaldo contundente en el Congreso unicameral: 58 de los 60 diputados votaron a favor de la reforma constitucional que habilita la prisión perpetua para determinados delitos.

La norma precisa que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)” y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Los cambios entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

STV

El endurecimiento del marco legal se da en un contexto de fuertes cuestionamientos internacionales. Organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno de Bukele de cometer "crímenes de lesa humanidad" en el marco de su política de seguridad. Desde el oficialismo, en cambio, defienden el giro: "Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol", afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Las críticas también aparecieron dentro del sistema político. El diputado opositor Francisco Lira, de Arena, advirtió que "miles" de salvadoreños "sin vínculo de pandillas" aún esperan "esperando un juicio justo" y cuestionó que "gente buena esté pagando por algo que no hizo".

En paralelo, el Congreso aprobó modificaciones al Código Penal que concentran en los tribunales de lo Criminal la competencia exclusiva para juzgar tanto a adultos como a menores en causas que contemplen prisión perpetua.

Estos mismos juzgados serán los encargados de realizar revisiones obligatorias de las condenas. En el caso de menores, podrán acceder a un régimen de libertad controlada tras cumplir 25 años de prisión, mientras que para los adultos las revisiones se habilitarán una vez cumplidas penas de entre 30 y 40 años.

El cambio implica una ruptura con el esquema previo: hasta ahora, la legislación salvadoreña fijaba en 60 años la pena máxima, con posibilidad de reducciones por buena conducta o trabajo comunitario.

La decisión se da en simultáneo con la extensión del régimen de excepción, una herramienta clave en la política de seguridad de Bukele. Este jueves, el Parlamento aprobó —con 57 votos— una nueva prórroga por 30 días de la medida, que permite detenciones sin orden judicial.

La reforma penal juvenil en Argentina

El endurecimiento de El Salvador en penas a los menores de edad tuvo su correlato en nuestro país. Anteriormente - el pasado 9 de marzo - el Gobierno oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modifica de manera sustancial el sistema vigente y fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

El proyecto, impulsado por Milei, obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención en la Cámara alta, lo que permitió avanzar con una iniciativa que el oficialismo presenta como una actualización de fondo en materia de política criminal.

Desde Casa Rosada celebraron la sanción definitiva y enmarcaron la reforma como el cierre de “cuatro décadas de inacción legislativa”. Según el comunicado oficial publicado en ese entonces, el nuevo esquema reemplaza un sistema que había quedado “desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

En esa línea, el Ejecutivo planteó que el cambio excede lo normativo y se inscribe en una lógica más amplia de seguridad y justicia. “Delito de adulto, pena de adulto”, resume el enfoque oficial, que sostiene que quienes comprendan la gravedad de sus actos deben responder penalmente, independientemente de su edad.

Régimen Penal Juvenil: las 10 claves de la nueva ley

• Imputabilidad desde los 14 años: los adolescentes podrán ser penalmente responsables desde esa edad por delitos previstos en el Código Penal y leyes especiales.
• Fin del régimen de 1980: se deroga la ley 22.278, vigente desde la última dictadura, y se establece un nuevo sistema de justicia juvenil.
• Implementación gradual: la entrada en vigencia plena se fijó en 180 días, plazo en el que el sistema deberá adecuar su funcionamiento.
• Eje en la reinserción: las sanciones deberán apuntar a la educación del joven, la comprensión del delito y la reducción de la reincidencia.
• Sanciones alternativas: se prevén medidas como tareas comunitarias, programas educativos, formación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico y restricciones de contacto o circulación.
• Privación de libertad como último recurso: la detención será excepcional y podrá cumplirse en el domicilio, institutos abiertos o centros especializados.
• Sin prisión perpetua: se prohíben las penas perpetuas para menores y se fija un máximo de 15 años de encierro.
• Mediación penal juvenil: se incorpora un mecanismo voluntario para resolver conflictos entre víctima e imputado.
• Probation: en delitos menores, se podrá suspender el proceso a prueba bajo condiciones específicas.
• Reserva de identidad: se refuerza la confidencialidad del proceso y se prohíbe difundir datos que identifiquen a los menores.