El proceso inició en medio de la incertidumbre, a las afueras de las oficinas encargadas para la medida. Entre los solicitantes predominan trabajadores informales y se estima que el país da asilo a más de 800.000.
Entre los solicitantes predominaban quienes trabajan en la economía informal y ven en la regularización una posibilidad de estabilidad.
España atraviesa desbordes y agitación durante su primer día de regularización de migrantes, tras oficializar la medida que beneficiaría a cerca de medio millón de personas. Reportajes dataron sobre personas que pasaron la noche en la calle o llegaron muy de madrugada a las afueras de las oficinas de los trámites para guardar su lugar.
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El proceso extraordinario de regularización de migrantes en España comenzó este lunes, con escenas marcadas por la espera, la incertidumbre y una organización que, en varios puntos de Madrid, se vio rápidamente superada, de acuerdo a la CNN.
Frente a la sede de la Asociación Aculco, cientos de personas aguardaban desde la madrugada, e incluso la noche anterior, para obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos necesarios para iniciar el trámite.
“Nos ha desbordado, no esperábamos esto”, sostuvo a CNN el director de la organización que colabora con las autoridades para expedir este certificado, Álvaro Zuleta. Aculco puede atender a unas 300 personas al día, pero este lunes la demanda superaba ampliamente esa cifra y el funcionario explicó que parte del colapso respondió a informaciones erróneas difundidas en redes sociales sobre la posibilidad de realizar gestiones sin cita previa.
“Se ha generado un bulo en internet de que Aculco estaba dando estos certificados sin cita previa, cosa que no es real. Estamos dando listas diarias de 300 personas para atender”, detalló Zuleta. En la fila, la espera incluso llegó a organizarse de manera informal. María Verónica, migrante venezolana, dijo a CNN que vio cómo circulaban hojas de papel de mano en mano con listas improvisadas sin validez oficial, pero como un intento de poner cierto orden entre la multitud: “Caos total, me parece una desorganización total. Hay sobreinformación, muchas especulaciones”, declaró.
Entre los solicitantes predominaban quienes trabajan en la economía informal y ven en la regularización una posibilidad de estabilidad. Omar León, colombiano, dijo que lleva poco más de un año en el país y está decidido a esperar lo necesario, pese a la incertidumbre del proceso. “El que no lucha no lo consigue”, afirmó.
Aunque el gobierno estima que la medida favorecería a medio millón de personas, los datos recopilados por FUNCAS —un centro de análisis vinculado a la asociación bancaria CECA— apuntaban a que el país estaría dando asilo a 840.000 personas en situación administrativa irregular. De este monto, la comunidad más destacada sería la colombiana, con 290.000 personas en esta situación.
Para gestionar el proceso, el gobierno de Pedro Sánchez habilitó una red de unas 450 oficinas y se incorporaron más de 550 trabajadores adicionales. El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio.
Para acceder a la regularización, los solicitantes deberán acreditar que estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y que permaneció al menos cinco meses en el país. Además, tendrán que cumplir con otras condiciones clave:
El proceso se podrá realizar de forma digital desde mediados de abril y también de manera presencial en oficinas habilitadas. El gobierno sostiene que la medida no solo responde a una demanda social, sino que también tiene fundamentos económicos. La regularización permitiría aflorar empleo informal, fortalecer el sistema de pensiones y responder al envejecimiento demográfico.
Sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería, donde la mano de obra extranjera es clave, podrían beneficiarse directamente. La decisión cuenta con respaldo de organizaciones sociales, sectores empresariales e incluso parte de la Iglesia, que ven en la medida una forma de garantizar derechos y reducir la precariedad.
Sin embargo, la oposición —especialmente el Partido Popular— ya anunció que impulsará acciones legales y parlamentarias contra el decreto, al considerar que puede tensionar los servicios públicos y actuar como incentivo a la inmigración irregular.
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