El gobierno de Bolivia dijo que no negociará el contenido de la Constitución aprobada por casi dos tercios de votantes en el referendo del domingo, aunque se mostró dispuesto a dialogar sobre su aplicación con los prefectos (gobernadores) opositores, en cuyos departamentos (provincias) se impuso el "No".
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"No se puede ir en contra de la voluntad de la población, se podrá dialogar acerca de la creación del Consejo Nacional Autonómico pero no se puede alterar el texto constitucional. Nadie puede ir en contra de esa voluntad soberana del pueblo", afirmó el ministro de Defensa Legal del Estado, Hector Arce, citado por el diario digital Erbol.
Arce manifestó que el gobierno está dispuesto generar mecanismos de diálogo para discutir las medidas que serán necesarias para implementar la Constitución, "siempre y cuando la oposición no acuda a la violencia como ocurrió en septiembre del año pasado".
El propio presidente Evo Morales advirtió a los opositores en un acto en Cochabamba, que el único pacto social derivado del referendo "es precisamente la nueva Constitución aprobada".
Pero agregó, según informaron las agencias Prensa Latina y ABI, que "si quieren (los opositores) un acuerdo, sólo podremos desarrollarlo en aras de colegiar la implementación de la Carta Magna".
"Aunque los datos son aún extraoficiales, más del 60 por ciento de los votos emitidos en la consulta reflejaron el 'Sí' al proyecto constitucional", destacó el mandatario, quien respondió así a prefectos y dirigentes cívicos opositores que intentan presionar al gobierno luego de la victoria del 'No' en la "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando).
En Chuquisaca, el otro departamento gobernado por una opositora a Morales, Savina Cuellar, los datos no arrojan todavía un claro ganador entre el Sí y el No a la nueva Constitución.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza de la oposición regional al gobierno de Bolivia, y el dirigente cívico y próspero empresario aceitero Branko Marinkovic, exigieron anoche al Ejecutivo un "pacto social" para evitar una supuesta división del país.
En el referendo de este domingo participó un porcentaje inusualmente alto de los habilitados para votar, el 85 por ciento, en una jornada que transcurrió de manera pacífica y ordenada, salvo incidentes menores, con la participación de unos 350 observadores internacionales.
Los viceministros de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y de Justicia, Wilfredo Chávez, sostuvieron en declaraciones por separado que en los próximos días puede ampliarse el margen del triunfo del "Sí" a la nueva Constitución.
Según Llorenti, los datos extraoficiales hablan del 62 por ciento de respaldo a la Carta Magna sometida a referendo, "pero todavía falta contabilizar resultados de las votaciones en zonas rurales, que tradicionalmente demoran en llegar".
Ambos funcionarios reiteraron el carácter nacional de la consulta, "aprobada por la mayoría, independientemente de los resultados territoriales", precisó Chávez.
Sin embargo, el senador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Antonio Peredo, admitió hoy que la votación de su partido bajó en los departamentos del oriente boliviano, pero aclaró que no se puede hablar de una derrota política.
"Hay que reconocer que hay un descenso, pero una derrota con un 60 por ciento (a favor de la nueva Constitución) no parece tal, una derrota sería 49,9 por ciento", afirmó.
En tanto, el ex asambleísta del oficialismo, Armando Terrazas, responsabilizó a algunas autoridades de la Iglesia Católica que habrían incidido en la población para que voten por el No.
El presidente Morales obtuvo el 10 de agosto pasado, en el referendo revocatorio, un apoyo electoral del 67 por ciento de los votos, e incluso se impuso en los departamentos de Chuquisaca y Pando, lo que ayudó a la dispersión de una oposición debilitada y fracturada por la violencia que impulsó entre agosto y septiembre.
Según el ministro Arce, más de 100 de los 411 artículos de la nueva Constitución serán aplicados de manera inmediata tras su promulgación, pero el resto necesita de leyes, reglamentaciones y otra normas para ser ejecutadas, algunas por el actual Congreso y otras por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se constituirá en el 2010.
El actual Congreso tiene la obligación de sancionar en un plazo de 60 días, a partir de la promulgación de la nueva Constitución, una ley Electoral Especial Transitoria, que viabilizará las elecciones generales (legislativas y presidenciales) del 6 de diciembre próximo y la de abril de 2010 para elegir prefectos, alcaldes y legislativos departamentales.
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