La moción parlamentaria podría tener lugar el próximo 11 de agosto. El presidente sostiene que no piensa dimitir, perder poder ni exiliarse.
Islamabad (EFE, AFP, Reuters, ANSA, DPA) - La coalición gobernante de Pakistán anunció ayer que avanzará en un proceso para imputar al presidente Pervez Musharraf que arroja al país a una crisis política y económica, al tiempo que advirtió al mandatario contra cualquier intento por disolver el gobierno.
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La medida posiblemente profundizará la incertidumbre política en la nación musulmana, aliada clave de Estados Unidos, que ya enfrenta una vacilante economía y una creciente amenaza por parte del terrorismo islamista.
Asif Ali Zardari, viudo de la ex primeraministra Benazir Bhutto y líder de la coalición, declaró que este mes se convocaría al Parlamento para iniciar los procedimientos de imputación. «Los líderes de la coalición creen que se volvió un imperativo el avanzar hacia la imputación», dijo Zardari en conferencia de prensa, flanqueado por su principal socio de coalición, el ex primer ministro Nawaz Sharif.
«Esta persona cometió opresión contra Pakistán. Es por eso que el Parlamento decidió imputarlo», reveló Sharif.
En lo inmediato, no pudo contactarse a un portavoz de Musharraf, pero sus aliados dicen que se defendería de los cuestionamientos a su gestión.
La respuesta del Ejército a la perspectivade una salida humillante para su ex jefe sería un factor crucial (ver aparte).
Comandantes del Ejército se reunieron anoche en la ciudad de Rawalpindi, cercana a Islamabad, pero un oficial militar dijo que «fue una reunión de rutina».
Musharraf tomó el poder como general en 1999, derrocando a Sharif, y gobernó Pakistán durante ocho años. Sin embargo, se vio considerablemente debilitado tras dejar el cargo de jefe del poderoso Ejército del país.
El presidente se ha vuelto cada vez más impopular en casa y ha perdido apoyo parlamentario luego de que sus aliados sufrieran una fuerte derrota en elecciones de febrero. Pese a ello, el mandatario se resiste a los pedidos de renuncia.
«Las políticas económicas seguidas por el general Musharraf durante (los) últimos ocho años han llevado a Pakistán al borde de una paralización económica crítica», denunció un comunicado conjunto leído por Zardari. «Trabajó para socavar la transición a la democracia», agregó.
Algunos analistas dicen que la contiendapor el poder fue una distracción para la toma de medidas necesarias para lidiar con los problemas económicos de Pakistán y ha minado el esfuerzo por controlar a los militantes islámicos violentos, especialmente a lo largo de la frontera con Afganistán.
Estados Unidos y el gobierno de Afganistán aseguran que las áreas fronterizas del país sirven como refugio para los combatientes talibanes y de Al-Qaeda.
Dos tercios de los legisladores deben votar a favor de la destitución para que Musharraf sea apartado del poder, pero el resultado de la votación se presenta incierto.
Mientras que en la Cámara baja las fuerzas gubernamentales tienen 235 de los 342 escaños, en el Senado los partidos que teóricamente apoyan a Musharraf suman 40 de los 100 asientos, y los partidos de la coalición tan sólo tienen 16 senadores.
Sumando los legisladores de ambas cámaras, la aritmética parlamentaria dice que las formaciones del gobierno se quedan a 44 votos de los 295 necesarios para impugnar a Musharraf, por lo que los partidos minoritarios y los independientes podrían decidir el desenlace del proceso.
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