El presidente del Tribunal Supremo es trasladado detenido en Islamabad.
El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, decretó hoy el estado de excepción, alegando intromisiones judiciales en la política antiterrorista del gobierno, y reemplazó al titular de la Corte Suprema, a unos días de que se pronunciase sobre la validez de su reelección.
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En un discurso a la nación retransmitido por televisión, Musharraf adujo que el gobierno estaba semiparalizado en un momento crítico, pues el terrorismo se encontraba en su apogeo.
El gobierno "atraviesa un momento de semiparálisis. Todos los funcionarios del gobierno están siendo insultados por los tribunales, por eso son incapaces de emprender acciones", dijo Musharraf, vestido de negro.
"El terrorismo y el extremismo están en el límite" y la unidad del país está amenazada por "serios conflictos internos", afirmó el general, quien llegó al poder tras dar un golpe de estado incruento en 1999.
En el decreto presidencial que instaura el estado de excepción, del que la AFP obtuvo una copia, Musharraf ya pretextaba "interferencias" judiciales.
"Algunos miembros de la institución judicial trabajan contra los poderes ejecutivos y legislativos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo", señala.
El Tribunal Supremo debía emitir en los próximos días su veredicto sobre la validez de su reelección en las elecciones presidenciales del 6 de octubre, en las que se impuso.
El mandato de Musharraf concluye oficialmente el próximo 15 de noviembre.
La policía y el Ejército acordonaron la sede de la principal instancia jurídica nacional, cuyo presidente, el juez Iftikhar Mohammed Chaudhry, férreo opositor a Musharraf, fue reemplazado por Hameed Dogar.
El decreto presidencial, que no fue una sorpresa, también menciona "un aumento notable de las acciones extremistas".
El Ejército paquistaní lucha contra los combatientes islamistas próximos de los talibanes y de Al Qaida en las zonas tribales fronterizas con Afganistán y contra los extremistas atrincherados en una región noroccidental.
Desde julio Pakistán ha sufrido episodios de violencia sin precedentes. Unos veinte atentados suicidas, perpetrados por islamistas o atribuidos a este movimiento, ensangrentaron el país, con un saldo de 420 muertos.
El peor atentado de toda la historia de Pakistán fue cometido el 18 de octubre en Karachi, horas después de la llegada a esta ciudad sureña de la ex primera ministra paquistaní Benazir Bhutto tras pasar ocho años en el exilio.
Bhutto, inmersa en negociaciones políticas con Musharraf para el reparto de poder, adelantó su regreso este sábado a Pakistán desde Dubai, donde visitó a su familia.
De vuelta a casa, declaró a Sky News que su país "iba hacia atrás, hacia una mayor dictadura".
El anuncio del estado de excepción llegó acompañado por cortes en las líneas telefónicas y en las transmisiones de algunas televisiones privadas.
Musharraf también suspendió la Constitución e impuso restricciones a la prensa, aunque el Parlamento y las asambleas provinciales seguirán funcionando, según las autoridades.
Estos Unidos y Gran Bretaña se apresuraron a denunciar la decisión de Musharraf, quien pidió comprensión porque de haber actuado de otro modo habría contribuido al "suicidio" de Pakistán.
La Casa Blanca calificó de "muy decepcionante" la medida y le conminó a mantener las elecciones en enero y a renunciar como jefe de las Fuerzas Armadas.
El ex primer ministro paquistaní exiliado Nawaz Sharif también condenó las medidas.
La instauración del estado de excepción deja en el aire las elecciones legislativas previstas en enero de 2008, consideradas como una etapa crucial para el restablecimiento de la democracia en Pakistán, una potencia nuclear aliada de Estados Unidos y "su guerra contra el terrorismo".
El estado de excepción pone en apuros, asimismo, las negociaciones sobre el reparto de poder apoyadas por Washington y Londres, deseosos de que Musharraf se convirtiese en presidente civil y Bhutto pasase a la jefatura del gobierno.
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