Los críticos al plan de Sánchez de Lozada, quien se oponía, además, a modificar los contratos petroleros en favor del Estado, adujeron que el mandatario -que firmó en su primer gobierno, entre 1993 y 1997, la privatización de cinco empresas estratégicas del Estado- quería convertir a Bolivia en fuente de suministro de gas para Estados Unidos y Chile, urgido del carburante.
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