El oficialismo pretende que el Congreso apruebe mañana la
convocatoria a la consulta constitucional, mientras miles de
campesinos se preparan a marchar a La Paz.
La Paz (EFE, AFP, Reuters) - El presidente del Congreso de Bolivia y vicepresidente del gobierno, Alvaro García Linera, fijó ayer la sesión para debatir la ley de convocatoria del referendo sobre la nueva Constitución, que se celebrará mañana, ante el fehaciente rechazo de la oposición.
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La cita parlamentaria, de la que se tuvo conocimiento por un anuncio en la prensa, llega tras la reunión que mantuvieron el martes a la noche el presidente Evo Morales y los máximos responsables del Senado, el opositor Oscar Ortiz, y de la Cámara de Diputados, el oficialista Edmundo Novillo. En esta reunión, se acordó continuar las conversaciones políticas en el Congreso Nacional para intentar acuerdos en torno a la nueva Constitución.
En principio, el Congreso celebrará mañana una sesión que reunirá a 157 diputados y senadores, para analizar las dos consultas que son necesarias para ratificar definitivamente la carta magna con la que Morales quiere refundar Bolivia.
Una de las consultas se refiere a la superficie mínima que debe tener un latifundioimproductivo para ser expropiado por el Estado (5.000 o 10.000 hectáreas), un asunto al que no se llegó a un acuerdo en la Asamblea Constituyente. La otra parte del referendo constitucional pregunta sobre el conjunto de la carta magna que consta de 411 artículos.
Incoherente
Ortiz, quien en el encuentro con el mandatario había sostenido que el diálogo en el Parlamento no tenía plazos, afirmó ayer a la televisión Unitel que la decisión de llamar a la sesión de Congreso «no parece coherente con la búsqueda de una solución». «Nadie va creer razonablemente que en dos días se va a concertar una Constitución», dijo Ortiz, cuyo partido, el conservador Poder Democrático y Social (Podemos), controla el Senado, en tanto que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) es mayoritario en la Cámara baja.
Ortiz insistió en que la posición de su partido es «muy clara» en el sentido de que sólo debatirá acerca de la convocatoria a un referendo sobre la Constitución «en la medida en que ésta sea concertada» y si no es así votará en contra.
La nueva fase de las conversaciones políticas en Bolivia tiene el propósito de continuar el trabajo que durante veinte días realizó el gobierno de Morales con los prefectos (gobernadores) autonomistas en la ciudad de Cochabamba y que finalizó el pasado domingo sin la firma de acuerdo alguno.
Tras la reunión con las directivas de las cámaras legislativas, Morales dijo en la noche del martes que escuchó «buenas voces de parlamentarios especialmente del sector opositor», pero que también cree que hay observaciones sobre las que «jamás habrá consenso».
De hecho, el gobierno ya rechazó el pedido de los prefectos opositores de introducir cambios en el proyecto constitucional más allá de los aspectos autonómicos que se discutieron hasta el último fin de semana. No obstante, el Ejecutivo sí accede a introducir correcciones en el capítulo autonómico de la nueva Constitución en aras a los «avances técnicos» alcanzados en las mesas de diálogo de Cochabamba
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