Los spots fueron financiados por el Gobierno y expertos cuestionan su legalidad. La Casa Blanca sostiene que buscan promover el patriotismo.
Tres anuncios protagonizados por Trump fueron financiados por el Gobierno estadounidense.
Una serie de anuncios televisivos protagonizados por Donald Trump y financiados con dinero público desató cuestionamientos de republicanos, demócratas y especialistas en ética en Estados Unidos, a cinco semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, que definirán una nueva composición del Congreso y el equilibrio de poder en Washington.
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Los tres spots fueron difundidos a nivel nacional y terminan con la aclaración “Financiado por el Gobierno de los Estados Unidos”. La controversia gira en torno a si la administración está utilizando recursos públicos con fines políticos, algo que la Casa Blanca rechaza al definir las piezas como “anuncios de servicio público” destinados a promover el patriotismo.
Uno de los videos muestra a Trump asegurando que “Estados Unidos nunca será un país comunista”, mientras otro combina imágenes del Monte Rushmore con escenas del mandatario y referencias a “la edad de oro de Estados Unidos”. Un tercero presenta “la batalla final” y muestra al Presidente prometiendo desmantelar el denominado Estado profundo “contigo a mi lado”.
El spot sobre “la batalla final” quedó especialmente bajo la lupa porque es prácticamente idéntico a un anuncio utilizado durante la campaña presidencial de Trump en 2024, con la diferencia de la aclaración sobre el financiamiento gubernamental. Las publicidades fueron emitidas durante programas de alta audiencia, como “Saturday Night Live”, y partidos de la NFL.
Richard Painter, exasesor principal de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, cuestionó la legalidad de la campaña: “No es algo que el gobierno de Estados Unidos pueda pagar legalmente según las leyes federales”, afirmó.
Las objeciones también llegaron desde el propio Partido Republicano. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, sostuvo: “Me gusta el mensaje, pero no debería pagarse con el dinero de los contribuyentes”. En la misma línea, el senador republicano John Kennedy afirmó: “No se puede gastar dinero público para promocionarse”.
La Casa Blanca no respondió las consultas de Reuters sobre qué organismo está financiando los anuncios, cuánto costaron ni los cuestionamientos sobre el posible uso indebido de recursos públicos. Previamente, había señalado que las piezas buscan recordarles a los estadounidenses que amen a su país y comprendan por qué vale la pena defenderlo.
Painter sostuvo que la glorificación del propio mandatario constituye uno de los elementos utilizados para identificar propaganda gubernamental: “Si se juntan todos esos factores”, afirmó sobre la presencia de ataques a adversarios políticos y la ausencia de una política pública concreta, los anuncios son “claramente propaganda”.
El especialista y otros expertos señalaron que la campaña podría entrar en conflicto con la Ley Hatch de 1939, que establece restricciones sobre la participación de empleados gubernamentales en actividades políticas mientras ejercen sus funciones.
La controversia se produce además en un escenario de fuerte inversión electoral. Según AdImpact, grupos vinculados al Partido Republicano reservaron al menos u$s888 millones en publicidad para las próximas semanas, frente a un mínimo de u$s666 millones de organizaciones alineadas con los demócratas.
A cinco semanas de los comicios, la discusión sobre los anuncios agrega así un nuevo foco de tensión en la campaña para las elecciones de medio término, mientras persisten los interrogantes sobre su financiamiento y los límites entre la comunicación institucional y la actividad electoral.