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José Ignacio de Juana Chaos.
El ministro del Interior manifestó en conferencia de prensa que el preso "va a seguir cumpliendo su condena, pero que lo hará en el llamado "régimen atenuado", una figura que se aplica a los reclusos cuya vida corre peligro o son enfermos terminales.
Consciente de la repercusión de la medida, Pérez Rubalcaba asumió "personalmente" la decisión y subrayó que se atiene "escrupulosamente" a lo que establecen las leyes españolas.
El ministro mostró su "convicción" de que, de no haber adoptado esta decisión, De Juana "hubiera fallecido en las próximas semanas" y destacó que si a este preso no le quedara algo más de un año de condena "no habría tomado esta decisión".
El responsable de Interior reconoció que "muchos ciudadanos piensan que (De Juana) no merece este tratamiento humanitario, porque el no tuvo piedad con sus víctimas". "Y tienen razón, pero una diferencia entre los terroristas y nosotros, es que nosotros respetamos la vida", añadió.
El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ratificó la medida por estimar que "es beneficiosa para el reo" y cumple estrictamente la legalidad.
En un auto judicial, Castro afirmó que "no debe obviarse que el Estado de Derecho no puede renunciar a la aplicación de disposiciones legales que encuentren su fundamento en los principios de humanidad y en el respeto pleno al derecho a la vida, incluso en aquellos que no respetaron la vida de otros".
La medida fue acogida positivamente por el Gobierno regional del País Vasco y por el principal partido que lo sustenta, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, la consideró "impecable" jurídicamente.
En contra se manifestaron el conservador Partido Popular (PP), la principal asociación de víctimas del terrorismo, la AVT, y los sindicatos policiales, que coincidieron en que la medida supone una cesión del Estado frente al chantaje de los terroristas.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió al presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, su "inmediata" comparecencia en el Congreso para que explique una decisión que, en su opinión, demuestra que ETA "ha logrado doblegar al Gobierno".
"No acepto esta situación, no quiero que los españoles se sientan derrotados, no quiero que cunda el desánimo, no nos vamos a conformar. Hago mío el propósito de recuperar la dignidad de los españoles. Esta historia no termina aquí", declaró Rajoy.
Otro dirigente popular, el eurodiputado y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja hizo un análisis de la decisión del Gobierno y la atribuyó a que la negociación entre el Ejecutivo y ETA para lograr un acuerdo de paz "continúa más viva que nunca".
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, expresó su "indignación y dolor" y dijo que las "víctimas del terrorismo están llorando y están dolidas" por una situación, que "está celebrando el entorno terrorista" de ETA.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, afirmó: "si dependiera de nosotros, De Juana Chaos no saldría nunca vivo de la cárcel".




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