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El vocero del gobierno chileno, Osvaldo Puccio, calificó en Santiago de "previsible, unilateral y sin efecto jurídico" la aprobación por el Congreso peruano del proyecto de ley de líneas de base.
"Nosotros nos mantendremos en el estricto apego al derecho internacional y por los caminos del diálogo y la diplomacia", dijo Puccio.
La nueva ley señala, mediante fundamentos técnicos, el punto desde el que deben medirse las 200 millas de mar que le corresponden a Perú.
La línea media o equidistante que sale a partir de esa medición discrepa de la que línea paralela que considera Chile.
Los 98 congresistas presentes votaron a favor del proyecto presentado por el Ejecutivo y que ya había pasado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Constitución.
Los legisladores coincidieron en el planteo de que Perú tiene derecho a fijar la línea de base y rechazar lo que Chile, en palabras de su legislador Luis Solari, llamó "inapropiada y desmedida intervención foránea".
Para Perú, que insiste en que no hay tratado alguno que fije tales límites, deben iniciarse negociaciones con Chile, que se niega a esa posibilidad porque considera que el tema está zanjado con dos acuerdos que se firmaron a mediados del siglo pasado.
"Apoyamos el proyecto por razones de Estado. Si se acepta la línea paralela perderemos dominio marítimo en al menos 45.000 kilómetros cuadrados", afirmó durante el debate parlamentario el ex canciller Luis González Posada, quien tomó la palabra a nombre del Partido Aprista Peruano (APRA), el mayor de la oposición.
"Con la pretensión chilena, Perú perdería espacio en su demarcación. Cualquier declaración unilateral de Chile denominando tratado a lo que no es tratado está equivocada. Para el Perú ese tema está pendiente", afirmó por su parte el vocero del partido oficialista Perú Posible, Carlos Ferrero.
Chile protestó la semana pasada, en cuanto el proyecto de ley pasó por la Comisión de Relaciones Exteriores, y aseguró que el proyecto hoy convertido en ley, pretende desconocer "límites vigentes".
Perú dejó abierta la posibilidad de acudir al Tribunal de La Haya u otra instancia para dirimir las diferencias en caso de que no se llegue a acuerdos.
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