Por ley sancionada postergan empresas inversiones en Bolivia

Bolivia sigue encabezando los problemas de Sudamérica. Pocas empresas extranjeras, las más grandes, podrán sobrellevar la creación de un impuesto o de una regalía encubierta de 32%, que subió el total a 50%. Pero, aparte de eso, los impuestos sobre los productos están con subas de entre 70% y 140%. Directamente, las empresas se niegan a seguir invirtiendo en Bolivia, porque sólo en los próximos tres años el negocio les demandará u$s 5.000 millones. Con su gran riqueza gasífera, Bolivia tenía la oportunidad de superar, por fin, su crónica pobreza, algo que quedará postergado por culpa de la nueva Ley de Hidrocarburos. La importancia de las cifras involucradas en los proyectos de inversión contrasta con la realidad de un país con un PBI de apenas 7.900 millones de dólares. Mientras, torpemente, la envalentonada izquierda de Evo Morales presiona en el Congreso y en las calles por una ley correctiva todavía más hostil para las mismas empresas que ayudaron -con sus inversiones de 3.500 millones dólares desde 1997- a descubrir esos recursos. Se plantea una nacionalización del gas, ¿pero con qué recursos el Estado podría extraer la riqueza de 50.000 millones de dólares que permanece aún bajo tierra? La pelea tiene, además, serias consecuencias políticas. La prensa local volvió a castigar ayer duramente al presidente Carlos Mesa por su ambigüedad ante la peligrosa ley y describió un país prácticamente a la deriva. Por si eso fuera poco, el Congreso votó anoche el llamado a un referendo vinculante sobre autonomías regionales, lo que para muchos encarna el peligro de una división del país.

Dos bolivianas pasan junto a una pared que atestigua los reclamos por la nacionalización de los recursos energéticos. La aplicación de la Ley de Hidrocarburos abre un fuerte conflicto entre las empresas y el Estado.

La Paz (AFP, EFE, Reuters, ANSA) - Las petroleras extranjeras que operan en Bolivia anunciaron ayer el congelamiento de sus inversiones en el país y reiteraron que evaluarán individualmente la posibilidad de entablar juicios contra el Estado por la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos.

La privada Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) -una organización que congrega a 20 firmas de Europa, Asia, Estados Unidos, Brasil y la Argentina- reaccionó muy adversamente a la norma impuesta por el Congreso, a la que volvió a calificar como «confiscatoria». Así, según afirmó ayer su vocero, Raúl Kieffer, «no habrá más exploración petrolera» en Bolivia.

• Respuestas

Asimismo, Kieffer confirmó que cada petrolera contestará por separado la ley, cuya aplicación «afectará negativamente las futuras inversiones y el desarrollo de la industria en circunstancias en las que el país más lo necesita».

«Cada empresa tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso respeto de la legalidad, a fin de proteger sus derechos», comunicó el vocero de las petroleras.

Sin embargo, Kieffer aseveróque los consorcios «se quedarán en el país», en el que han invertido 3.500 millones de dólares desde 1997, cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada liberalizó el sector permitiendo el descubrimiento de ingentes reservas de petróleo y, sobre todo, gas.

La firma estatal brasileña Petrobras -la mayor empresa con operaciones en Bolivia y responsable por 20% del Producto Bruto Interno local- ya decidió que frenará 2.000 millones de dólares previstos en tres nuevos proyectos de inversión como reacción a la Ley de Hidrocarburos, dijo ayer la ministra brasileña de Minas y Energía, Dilma Roussef.

«Petrobras no tiene ningún interés en retirarse de Bolivia, pero ahora escalonará o desfasará sus proyectos», informó la ministra según la agencia «Folha».

Roussef explicó que la empresa estatal brasileña hará un muy minucioso estudio de sus planes de inversión en Bolivia para tener una «noción exacta» del impacto que tendrá la ley promulgada el martes.

Petrobras opera en Bolivia desde 1996 y desde entonces ha invertido en el país unos 1.600 millones de dólares. Estos acontecimientos deben preocupar a la Argentina, dependiente en gran medida del gas boliviano, ya que importa 4 millones de metros cúbicos por día, los que ahora podrían encarecerse. Además, la nueva ley mantendrá paralizada la construcción de un gasoducto del Norte, en el que iban a participar Repsol-YPF y Techint, por el cual se pensaban canalizar 6,5 millones de metros cúbicos diarios al finalizarse las obras y 20 millones de metros cúbicos en los próximos años.

Por último, la posible falta de gas boliviano complicaría más las ventas argentinas a Chile, agravando la crisis energética en ese país e incrementando los roces bilaterales.

La Ley de Hidrocarburos eleva el pago de impuestos no acreditables ni deducibles a 32% y ratifica en 18% las regalías. El Estado pretende recaudar entre 500 y 600 millones de dólares al año por tales asignaciones, pero como contrapartida deberá enfrentar juicios y reclamos de las compañías.

Además recupera para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en punto de producción y refunda la compañía estatal de petróleo (YPFB) para que participe, junto con privados, en el proceso de producción y comercialización de hidrocarburos. También obliga a las petroleras a pasar obligatoriamente en 180 días de un régimen de riesgo compartido a otro de producción y ganancias compartidas.

• Inviabilidad

La influyente Confederación de Empresarios de Bolivia deploró la norma, ya que -dijo- «inviabilizará el país». «Estamos condenados al subdesarrollo para siempre, no vamos a poder utilizar los recursos energéticos para resolver nuestros problemas económicos», dijo el titular de la CEPB, Roberto Mustafá.

Al cierre de esta edición, el Congreso votó la convocatoria a un referéndum sobre autonomías regionales para el 12 de agosto, lo que motivó fuertes enfrentamientos entre legisladores.

Las reacciones en protesta a la nueva medida de los movimientos populares y el rechazo de las pretroleras, sumado a la crítica de la prensa local y de diversos sectores políticos, reflejaron el aislamiento del presidente Carlos Mesa, al tiempo que los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija, los departamentos con hidrocarburos, aprovecharon la debilidad del gobierno para reiterar las amenazas de una autonomía de hecho.