La Paz (EFE, AFP) - Un magistrado de la Corte Suprema de Bolivia dimitió ayer a su cargo debido a los ataques del presidente Evo Morales, mientras sus colegas le pidieron al mandatario que aclare su denuncia de que en el Poder Judicial existió un negociado millonario.
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El magistrado Juan José González, en carta dirigida al vicepresidente Alvaro García Linera, dijo que resolvió renunciar «dado el reiterado cuestionamiento de las labores del Poder Judicial», aspecto al que añadió que prefiere «no hacer referencia».
La decisión de González, que eleva a cinco las vacantes en la Corte Suprema, contrastó con la que había tomado la Sala Plena, en la mañana, cuando su presidente, Héctor Sandóval, comentó que el grupo acordó ignorar las presiones y, por el momento, dejar de lado la amenaza de una renuncia colectiva. Sandóval indicó que abandonar sus cargos significaría «un golpe de la democracia».
En el comunicado, los integrantes de la Corte Suprema rechazaron «de manera pública y enfática las calumnias vertidas» por Morales, que el domingo pasado sostuvo que en el Poder Judicial se «robaron» 300 millones de dólares.
La acusación fue rechazada por los magistrados, que conminaron al jefe de Estado a « demostrar y probar» su «exabrupto» y le advirtieron que, «si no lo hace, adecua su conducta a tipos penales».
Sin respaldo
Son «acusaciones sin ningún respaldo jurídico, utilizando ofensas y calumnias», señala el documento al recordarle al mandatario su obligación de proteger la dignidad de los ciudadanos.
Los ataques de Morales a los máximos organismosbolivianos de justicia son constantes desdeque llegó al poder, en enero de 2006, pero arreciaron la semana pasada, cuando presentó al Congreso una demanda de juicio contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
El juicio de responsabilidades fue planteado porque el TC emitió un fallo que cesó en sus funciones a cuatro magistrados de la Corte Suprema que el presidente había designado por decreto en diciembre pasado. Según el TC, aquella designación fue constitucional porque el Congreso estaba en receso, pero fijó que un nombramiento de ese tipo sólo puede tener una vigencia de 90 días, es decir, hasta fines de marzo pasado.
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