Rio de Janeiro (Bloomberg) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, fracasó en su primer intento de obligar a un estado a que pague sus deudas, creando temor entre los inversores de que el gobierno federal no pueda cumplir con sus propias obligaciones.
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La Corte Suprema de Brasil le ordenó al nuevo gobierno que libere 86 millones de reales (u$s 25,6 millones) de recaudaciones impositivas incautadas la semana pasada al estado de Rio de Janeiro, el segundo del país en tamaño. El dictamen, derivado de una querella planteada por la gobernadora Rosinha Matheus, le permitirá al estado abonar a los empleados públicos las bonificaciones de fin de año establecidas por ley. El gobierno planeaba apelar.
La decisión es «una muy mala señal», dijo Sergio Lima, que interviene en la administración de bonos y acciones de Brasil por 2.500 millones de dólares en Mellon Global Investments. «De manera que ahora todos los otros gobernadores le pedirán lo mismo a la Corte diciendo que necesitan el dinero para pagarles a sus empleados públicos.»
Ese fue el primer choque entre Lula y uno de los 26 estados del país en torno a deudas por 268.000 millones de reales que los estados tienen con el gobierno federal, y que los gobernadores dicen que no cuentan con fondos suficientes para pagar. Lula dijo que no está dispuesto a darles a los estados una moratoria por sus deudas hasta el año que viene, para asegurarse de que el país pueda realizar los pagos de unos 300.000 millones de dólares correspondientes a su deuda.
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