Raro vaticinio de golpe en Bolivia

El sitio Argenpress, que suele reproducir información surgida de grupos de la izquierda de América latina, publicó una nota insólita sobre la política de Bolivia. La escribe un periodista de nombre Heinz Dieterich, quien, suelto de cuerpo, anuncia para el próximo miércoles 11 de octubre nada menos que un golpe de Estado contra Evo Morales. En la ensalada explicativa a la que recurre el columnista de Argenpress tienen lugar el imperialismo, el gobierno de Chile, las multinacionales del petróleo y hasta juega como correlato la no aparición del testigo Jorge Julio López en la Argentina. Ante la posibilidad de que eso pueda ocurrir, es oportuno reproducir algunos de los párrafos de esa extraña primicia sobre la región.

Fuentes confiables del alto gobierno boliviano, que pidieron el anonimato, revelaron que el primer intento de golpe de Estado contra Evo Morales está planeado para este miércoles, 11 de octubre. El uso de francotiradores en la matanza de Huanuni, que causó siete muertos, indica la participación de los golpistas en los disturbios mineros. Militares chilenos estarían involucrados en la conspiración. Hace algunas semanas, oficiales de la policía boliviana se acercaron a generales de las fuerzas armadas de Bolivia (FAB), investigando su disposición para dar un golpe de Estado conjunto. Tal como sucedió en el caso chileno con el general constitucionalista René Schneider, y en Venezuela con el general Raúl Baduel, también en Bolivia uno de los militares claves para el éxito de la asonada se negó a participar e informó al presidente. Ahora siguen los preparativos sin él. Y siguen los anuncios en la radio que elogian al «ejército patriótico que mató al Che Guevara y la subversión».

«Los militares nunca dan un golpe de Estado en el aire», me dijo hace siete años el amigo General Alberto Mueller Rojas, hoy día miembro del Estado Mayor Presidencial de Hugo Chávez. Es esta lógica que se observa desarrollar actualmente en Bolivia. Todo un bloque conspirativocompuesto por diferentes fuerzas sociales y estatales trabaja aceleradamente para acabar con el presidente Evo Morales.

Cabezas de lanza

Los prefectos (gobernadores) de los estados energéticos y separatistas Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Tarija promueven la conformación de los llamados «comités civiles», que son las cabezas de lanza de la subversión política visible. Tanto los prefectos como los comités cívicos han entrado en franca rebelión contra el gobierno constitucional de Evo Morales, al declarar que «no acatarán la Constitución Política del Estado emergente de la Asamblea Constituyente, en caso de que ésta no sea aprobada en todos sus artículos por los dos tercios de votos» de los constituyentes. Advierten avanzar en las «autonomías departamentales» si no se cumple esa condición suya.

Cuentan, por supuesto, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -tan reaccionaria y corrupta como sus demás homólogos burgueses en el mundo-, que le proporciona a la insubordinación la apología del delito.

Ante la reciente declaración de la Asamblea Constituyente de considerarse «originaria, plenipotenciaria y funcional», es decir, no restringida en su construcción del nuevo Estado por la normatividad existente, los magistrados sostienen la posición de los prefectos facciosos. Dictaminan que según el derecho constitucional, el poder de la Asamblea Constituyente no es «originario-fundacional» sino «derivado-reformador» y, por lo tanto, subordinado a la legislación vigente que exige los dos tercios de los votos.

En lo social, las asociaciones de padres de familia -por lo general reaccionarias y controladas por la Iglesia en América latina-, en alianza con sectores del magisterio y los colegios y universidades privadas, promueven paros, bloqueos y manifestaciones contra el gobierno. Sectores energéticos tratan de generar escasez de diésel y gasolina, a fin de producir malestar entre la población. La desaparición forzada de Jorge Julio López en la Argentina evidencia de nuevo una ominosa verdad, que la opinión pública latinoamericana no quiere escuchar y, mucho menos, reconocer: que el poder de las oligarquías criollas sigue intacto en toda Sudamérica. Y que, como escribí en un artículo anterior, no ha sido tocado ni será tocado seriamente por los gobiernos desarrollistas de la región.