Reforma agraria en Paraguay pone alerta a Brasil

El presidente Fernando Lugo enfrenta por estas horas dos cuestiones trascendentales para Paraguay: Itaipú y la reforma agraria que reclama la Organización Lucha por la Tierra (OLT). No son temas meramente domésticos: ambos atañen -y preocupan- a Brasil. En especial, el segundo de ellos, ya que los «sin tierra» locales amenazan ocupar las haciendas de «brasiguayos» (brasileños radicados en Paraguay). Esto ha generado pronunciamientos de los dos gobiernos. Mientras la tensión aumenta, a ambos lados de la frontera hay aprestos militares.

Lo de Itaipú, la central hidroeléctrica binacional sobre el río Paraná, es un antiguo dolor de cabeza que está en proceso de renegociación. Esta semana, las comisiones paraguaya y brasileña discutieron cómo enfrentar (y repartir) la deuda faraónica de la represa, estimada en u$s 20.000 millones, y cuál debería ser el precio para el excedente energético paraguayo de 37,5 millones de megavatios hora, que compra Brasil.

Pero mucho más grave es el tema de los campesinos que reclaman una reforma agraria inmediata. Difíciles de controlar, los «sin tierra» empezaron a tomar haciendas, en simultáneo, en dos departamentos: en San Pedro, a 350 km al norte de Asunción, y en Alto Paraná, al este de la capital y en la frontera con Brasil.

Armados, estos grupos tienen desde ya un discurso político en contra de los latifundios, pero asimismo otro más xenófobo: «No podemos vivir en la pobreza mientras los invasores brasileños cada día tienen más propiedades», dijo Ramón Medina, líder de esa organización.

Sin salida

Mientras tanto, el gobierno paraguayo se encuentra en un brete. Por un lado tiene que cumplir con su promesa electoral de una reforma agraria, definitoria para el triunfo de Lugo en abril, ya que le traccionó 400.000 votos de los «sin tierra». Por el otro, debe respetar la propiedad privada, derecho que juró resguardar si llegaba al poder.
Y, finalmente, tiene que atender las presiones de los exportadores, temerosos de perder la cosecha de soja y de maíz, si el conflicto se prolonga. Lugo conoce bien las consecuencias de un « parate» en el campo. Sólo le basta repasar lo sucedido en la Argentina a principios de este año.

Además de que los « brasiguayos» -unos 500.000 en total- producen 60% de la soja de Paraguay, el tercer país sojero de Sudamérica, son varios los datos para tener en cuenta. El miércoles, en San Pedro, 100 campesinos tomaron la hacienda de Francisco Gorostiaga, un ex campeón automovilístico paraguayo. Gorostiaga alquila sus 1.500 hectáreas a un «pool» sojero brasileño. Otro grupo ocupó también la propiedad del brasileño Evandro Araújo, de 70.000 hectáreas. Lo hicieron gritando contra el imperialismo de Brasil, tema que ha merecido gran cantidad de notas en la prensa paraguaya, junto con el de la falta respeto a la soberanía. También ese día, 70 campesinos «sin tierra» fueron apresados por la policía paraguaya en el departamento fronterizo de Alto Paraná. Buscaban pasar a Brasil.

Como para agregarle más combustible al fuego, las FF.AA. brasileñas iniciaron el 13 de octubre las maniobras «Operación Frontera Sur 2», en las que movilizaron 11.000 efectivos sobre la frontera con Paraguay y la Argentina. Este fin de semana, el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, sobrevoló la zona. Desde Asunción se interpretó que los ejercicios militares buscaban intimidar a los paraguayos «sin tierra» que amenazaban invadir las haciendas «brasiguayas». El presidente Lugo, por las dudas, dijo que si la soberanía nacional fuese violada, «la reacción paraguaya no tardará». El ministro de Interior paraguayo, Rafael Filizzola, llamó al ejercicio «un atropello a la soberanía».

No sólo hubo reacciones; también previsiones. Como el Decreto N° 6.592 firmado por el presidente Lula el 2 de octubre. En él se dice que se «abrirá espacio para una contestación a los paraguayos», en caso de que se atacase a los «brasiguayos». El decreto incluye una norma que reglamenta el Sistema Nacional de Movilización y especifica qué puede ser considerado «agresión extranjera» para Brasil y los brasileños. Permite al presidente decretar el estado de movilización nacional en el caso de «agresión extranjera».

Ayer, el gobierno de Brasil divulgó una nota en la que manifestaba su « preocupación por las noticias de que movimientos sociales de Paraguay podían desencadenar acciones violentas contra la comunidad brasileña». En sus últimas declaraciones, el presidente Lugo garantizó seguridad a los brasileños y dio el primer paso en el proceso de reforma agraria: se recuperarán tierras fiscales entregadas de manera irregular. El problema es que muchas de ellas están en manos de brasileños, garantía de que el conflicto en ciernes se agravará.