Una multitud protesta contra el gobierno de Bashar al Asad durante los funerales de los muertos por represión.
Tanques del Ejército sirio bombardearon distritos residenciales en dos ciudades y al menos 19 personas murieron en todo el país, dijeron activistas de derechos humanos, mientras las fuerzas del presidente Bashar al-Assad intentan aplastar un levantamiento de siete semanas.
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Asad, que enfrenta el desafío más serio a su Gobierno de 11 años, envió tropas y tanques a varias ciudades en las últimas dos semanas para poner fin a las protestas inspiradas en las revueltas árabes que derrocaron a los líderes de Túnez y Egipto.
Los manifestantes, que primero reclamaron reformas y más libertades, han endurecido sus demandas y muchos ahora piden la caída del presidente. Asad heredó el poder de su padre Hafez al-Asad, que murió en el 2000.
El miércoles fue uno de los días más sangrientos aparte de los viernes, cuando miles de personas usan la jornada semanal de oraciones musulmanas para manifestarse. La mayor parte de la violencia ocurrió en la provincia sureña de Derá, donde comenzaron los disturbios el 18 de marzo.
Ammar Qurabi, jefe de la Organización Nacional de los Derechos Humanos en Siria, dijo que 13 personas murieron en la localidad de Harra, a unos 60 kilómetros al noroeste de Derá.
La mayoría murió cuando tanques dispararon contra sus casas. Dos personas -un niño y una enfermera- perdieron la vida en un tiroteo, agregó.
Los tanques del Ejército también bombardearon un distrito residencial en Homs, la tercera mayor ciudad del país, y al menos cinco personas murieron, dijo un activista. Una sexta persona falleció al recibir un disparo de un francotirador en la cabeza cuando estaba parado frente a su casa.
"Las fuerzas de seguridad están aterrorizando a los centros urbanos", indicó Najati Tayara, el activista en Homs. No hubo comentarios inmediatos de las autoridades sirias, que han restringido a la mayoría de los medios internacionales.
Occidente ha denunciado la violencia y algunos países impusieron sanciones limitadas a los líderes sirios, pero evitó demandar la renuncia de Asad, como hizo en el caso de Libia con Muamar Gadafi.
Siria retiró el miércoles su candidatura por un lugar en el máximo organismo de derechos humanos de la ONU. Su embajador en Naciones Unidas, Bashar Ja-afari, dijo que Damasco estaba "reconsiderando sus prioridades" y volvería a intentarlo en el 2013.
La embajadora estadounidense en la ONU, Susan Rice, señaló que la tentativa siria fue bloqueda por estados asiáticos con "buen juicio" que retiraron su apoyo a un país que está "en proceso de asesinar a su propio pueblo en las calles, arrestando a miles de personas y aterrorizando a la población que intenta expresarse a través de medios pacíficos".
En Damasco, fuerzas de seguridad arrestaron al líder de la oposición Mazen Adi, del Partido Democrático del Pueblo fundado por el principal disidente sirio Riad al-Turk, informaron activistas de derechos humanos.
Las fuentes agregaron que miles de sirios que defienden la democracia han sido arrestados y golpeados en los últimos dos meses, incluyendo decenas el miércoles en Homs y en la ciudad costera de Banias.
Asad inicialmente respondió a los disturbios con promesas de reforma. Entre otras medidas, le otorgó la ciudadanía a los kurdos desplazados y levantó el estado de emergencia luego de 48 años.
La agencia de noticias estatal SANA dijo el miércoles que el Gobierno formó un comité para diseñar una nueva ley electoral, pero no dio más detalles.
Pero los activistas creen que las reformas son superficiales y la fuerte represión contra los manifestantes demuestra que Assad no se arriesgará a perder el control del poder, que su familia ha ocupado en los últimos 41 años. Grupos de derechos humanos dicen que al menos 800 civiles murieron en la ofensiva del Gobierno.
Un primo del presidente dijo que la familia Asad no iba a capitular. "Nos vamos a quedar aquí. Vamos a luchar hasta el final (...) Deben saber que cuando sufrimos, no vamos a sufrir solos", declaró Rami Makhlouf a The New York Times.
Makhlouf, un magnate de alrededor de 40 años que tiene varios monopolios, y su hermano, jefe de la policía secreta, han sido afectados por las sanciones específicas impuestas por Estados Unidos en el 2007 por corrupción.
En Banias, los manifestantes exhibieron carteles en apoyo del primer ministro turco Tayyip Erdogan, que ha tenido vínculos cercanos con Asad pero ha disputado el relato oficial sirio sobre la violencia.
Erdogan dijo que más de 1.000 civiles han muerto y que no quería ver nuevas masacres como la de Hama, en 1982, o el ataque químico en Halabja, en 1988, cuando 5.000 kurdos iraquíes fueron envenenados con gas.
En Ginebra, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a Siria a detener los arrestos masivos y a atender los reclamos de reforma. También afirmó que los trabajadores humanitarios y observadores de los derechos humanos de la ONU deben poder ingresar a Derá y otras ciudades.
Por otra parte, el régimen de Bachar al Asad abrió el camino para una nueva ley electoral con la creación de un comité que elaborará un borrador de la misma. La agencia de noticias estatal siria, Sana, informó de que el primer ministro Adel Safar dictó una resolución para crear una comisión que prepare un nuevo proyecto de ley para la celebración de elecciones generales. Ese comité, integrado por ocho expertos juristas, deberá presentar los resultados de su trabajo al primer ministro en un plazo no mayor de dos semanas.
En declaraciones a la agencia, el jefe de la comisión Neyem al Ahmed, subsecretario del Ministerio de Justicia, dijo que ya comenzaron su tarea y que la finalizarán en el tiempo fijado. "La comisión lleva a cabo un estudio de las leyes árabes e internacionales para escoger lo mejor que tienen", indicó.
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