Bogotá (Reuters, DPA) - El gobierno colombiano anunció ayer que enviará una nota de protesta a Ecuador por las declaraciones del presidente de ese país, Rafael Correa, acerca de la posibilidad de conceder estatus de beligerancia a la guerrilla de las FARC si ese grupo deja de practicar secuestros.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, dijo que su despacho ya está preparando el pronunciamiento para enviarlo a Quito, con copia a la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Nosotros consideramos que un país democráticono puede caer en la tentación de darle ningún tipo de estatus a un grupo que ejecuta actos de terrorismo permanentemente. Yo mismo estuve secuestrado seis años por las FARC y le doy fe a la comunidad internacional de la calidad de terroristas que son», dijo Araújo.
Asimismo, el ministro dijo que la nota de protesta hará referencia a otras declaraciones hechas por Correa en los últimos días contra el presidente colombiano, Alvaro Uribe, que, a su entender, no respetan el compromiso de los dos países ante la OEA de crear condiciones de confianza para el restablecimiento de las relaciones.
Araújo habló con la prensa poco después de que Uribe, en una entrevista por radio, mostrara su malestar por las palabras de Correa con respecto al estatus de beligerancia.
Correa
Correa manifestó que su gobierno haría el reconocimiento si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejan la práctica del secuestro -liberando también a sus actuales rehenes-y si se cumplen condiciones como el control de un territorio, una estructura armada organizada, el respeto de los códigos de guerra y el acatamiento de la Convención de Ginebra.
Sin embargo, Uribe expresó que una democracia no puede reconocer estatus de beligerancia a un grupo violento que comete actos terroristas. «Las FARC no tienen control territorial. Si lo tienen, ¿por qué andan escondidos? Es un grupo criminal que no administra justicia y no cumple el derecho internacional humanitario, lo que se demuestra con sus atentados con explosivos, la colocación de minas antipersona y el secuestro de unas 750 personas» (que actualmente siguen en su poder), aseveró.
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