El problema de la inmigración ha abierto una amplia brecha en la Unión Europea, con dos bloques de países muy diferenciados en cuanto a los métodos para combatirla. España, que ejerce la presidencia de turno del bloque y encabeza el sector más duro, que incluye a Gran Bretaña, Italia y Dinamarca, no logró ayer convencer a sus socios de la necesidad de establecer sanciones para los países que no frenen el éxodo de sus ciudadanos. La medida fue bloqueada por Francia, que lidera junto a Suecia el grupo de naciones que se oponen a la aplicación de castigos.
El documento presentado por España sienta las bases de la futura política de cooperación de la UE con terceros países de origen y tránsito en la lucha conjunta contra la inmigración ilegal y se les reclama una serie de esfuerzos. Entre ellos, la tipificación en su legislación nacional del tráfico ilícito y la trata de seres humanos como conductas sancionables y el decomiso de los medios de transporte utilizados para su comisión. La UE también les pide un refuerzo de las medidas de control aplicadas en sus fronteras para prevenir la entrada, tránsito y estancia ilegales en los países de la Unión, respaldadas por controles policiales en el interior de su territorio nacional con el fin de perturbar y desarticular las redes de tráfico ilícito o trata de seres humanos, en consonancia con los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos los de derechos humanos.
Según el proyecto, la Unión Europea asegura que «estará dispuesta» a apoyar a los países que se comprometan a trabajar en colaboración con ella en la puesta en práctica de estas medidas y sostiene que «cuando resulte oportuno, este apoyo podrá ser financiero». Paralelamente, «en caso de negativa a cumplir las obligaciones» de esa cláusula «se aplicarán los mecanismos pertinentes de diálogo o de resolución de controversia previstos, que podrán incluir la suspensión del acuerdo» con esas naciones.
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