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La policía dispersó este mediodía, con gases lacrimógenos y chorros de agua, a unos 10.000 manifestantes que exigían la renuncia del presidente, Carlos Mesa, y querían ingresar a la plaza principal para presuntamente tomar el Congreso.
Unos 2.000 mineros se sumaron a la demanda de nacionalización, aunque llegaron del interior para protestar porque otros mineros, organizados en cooperativas, ocuparon sus centros de trabajo.
A los manifestantes, la mayoría llegados de la ciudad de El Alto, se sumaron grupos de maestros y trabajadores de la salud, que reivindican también demandas salariales, y jubilados que protestaban por la demora en el pago de sus pensiones.
Al bloqueo del centro urbano que sufrió La Paz se sumó hoy la interrupción de las comunicaciones viales con el interior.
Campesinos y mineros mantuvieron ocho puntos de bloqueo en la ruta troncal de carreteras, mientras centenares de vehículos de transporte de pasajeros y carga quedaron detenidos. La policía de tránsito ordenó la suspensión de los viajes al interior, al tiempo que centenares de frustrados viajeros bloquearon también las calles de acceso a la terminal de autobuses.
Como en las dos jornadas anteriores, las manifestaciones en La Paz fueron encabezadas por los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las Juntas Vecinales de Alto, de donde llegó la mayoría de la gente que también exige "la salida de Mesa y el cierre del Parlamento traidor".
"Estamos luchando también por ustedes. Pónganse al lado del pueblo, contra el gobierno traidor", gritaban los manifestantes a los policías que les impedían el paso hacia la plaza en que están los palacios de Gobierno y del Congreso.
"Por las buenas o por las malas, recuperaremos nuestros recursos naturales", reiteró Román Loayza, dirigente de los campesinos que participaron en la protesta.
A esa misma hora, en el Congreso, el diputado Juan Gabriel Baptista, del Movimiento Indio Tupac Katari, presentó un proyecto de ley que nacionaliza los hidrocarburos sin pago de indemnización a las petroleras extranjeras.
Según ese sector, las petroleras no tienen derecho a exigir indemnización ya que los contratos que firmaron con el Estado entre 1993 y el 2002 "son ilegales porque no fueron aprobados por el Poder Legislativo, como dice la constitución".
Con ese mismo argumento, Evo Morales, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), planteó "la nacionalización de hecho", mediante la toma directa de los yacimientos "porque los hidrocarburos son del Estado boliviano y no de las petroleras".
El MAS, sin embargo, está en una posición más moderada y presentó también un proyecto de ley con cambios puntuales a la que promulgó el martes el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, cuatro horas después de que se negó a hacerlo Mesa.
Para apoyar la demanda del MAS y exigirle al Congreso que la apruebe, unos cinco mil campesinos que partieron el lunes de Caracollo, a 200 kilómetros al sur de La Paz, y llegarán a esta ciudad este fin de semana.
"La movilización no es para pedir la renuncia del presidente Carlos Mesa ni el cierre del Parlamento, sino para exigir que se cumpla el mandato del referendo de julio", explicó Santos Ramirez, del MAS, presidente de la Comisión Económica de Diputados.
El MAS pide cambiar el régimen impositivo que dispone la ley, según el cual las petroleras pagarán una regalía del 18 por ciento y un impuesto directo del 32 por ciento.
El MAS pide que las petroleras paguen una regalía del 50 por ciento, más los impuestos de ley.
Tal como lo demandan las organizaciones campesinas que marchan hacia La Paz, el MAS exige también que la consulta que debe hacer el gobierno a los pueblos originarios antes de una eventual adjudicación de yacimientos en sus territorios, sea vinculante.
El Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) pide cambiar un artículo que impone a las petroleras la obligación de adecuar sus contratos a las condiciones que impone la nueva ley, en 120 días.
Según el MIR, la norma homologa los 76 contratos vigentes, dándoles validez legal, en lugar de anularlos.
La Fiscalía General investiga actualmente el tema de los contratos, para establecer si en su firma hubo algún delito y a quién se debe responsabilizar por ellos si no hubieran sido aprobados por el Parlamento.
Las petroleras dijeron que consideran legales sus contratos porque no les correspondía a ellas tramitar su aprobación en el Parlamento.
Frente a la nueva ley, hoy anunciaron que "congelarán" sus inversiones, sin descartar que podrían abrir causa en tribunales arbitrales.
"Esta ley tiene un carácter confiscatorio", según la Cámara de Hidrocarburos, cuyo portavoz, Raúl Kieffer, advirtió que las empresas dejarán de lado los proyectos para dar valor agregado al gas, entre ellos una planta petroquímica en la frontera con Brasil y un gasoducto hacia la Argentina.
Al promulgar la ley, el presidente del Congreso reconoció que ésta "provocará seguramente problemas", pero reiteró que "es perfectible y, en todo caso, mejor que la que estaba vigente", aunque antes de tratar los cambios, el Congreso aún debe decidir el tema de las reformas constitucionales.
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