Quito (EFE, ANSA) - El presidente Rafael Correa ordenó anoche la militarización de las obras que construye la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador y prohibió la salida del país de sus directivos, una decisión que «preocupa» al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
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La definición del mandatario se dio pocos días después de haber amenazado con expulsar a la firma brasileña por supuesto incumplimiento de trabajos de reparación en la planta hidroeléctrica San Francisco, inaugurada en junio de 2007, pero que dejó de funcionar a comienzos de este año por daños en su estructura.
El gobierno ecuatoriano exigió al gigante brasileño que pague al Estado las pérdidas causadas por la paralización de la hidroeléctrica, situada en el centro andino del país y que requiere reparaciones urgentes. Mediante un decreto ejecutivo, Correa decidió al cierre de esta edición que todos los bienes de la empresa brasileña en Ecuador entren en un proceso de «requisición», para emplearlos en la situación de emergencia generada por la paralización de la planta. Asimismo, ordenó a las Fuerzas Armadas que custodien los bienes e instalaciones de la firma brasileña. Odebrecht, además de la planta de San Francisco, tenía a su cargo la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilaton, el aeropuerto en la ciudad de Tena, en la Amazonia ecuatoriana, y los proyectos hidrológicos Carrizal-Chone y Baba, en la zona costera.
El objetivo de la militarización y la « requisición» de los bienes de Odebrecht es « recuperar la capacidad operativa de la hidroeléctrica que actualmente se halla paralizada», señaló el decreto.
Correa también declaró «la emergencia nacional, con el propósito de superar la emergenciaprovocada por el progresivo proceso de disminución de eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica originado en la central hidroeléctrica». El documento sostiene que esa emergencia intenta «evitar un estado de conmoción interna, ante la posibilidad de apagones de luz generalizados».
Militares
También «ordena la movilización nacional, económica y militar de las Fuerzas Armadas, para la custodia de los bienes e instalaciones de la central hidroeléctrica San Francisco y de los demás proyectos» que construye la firma Odebrecht.
El decreto suspende «los derechos constitucionalesestablecidos (...) en la Constitución Política de la República a los señores Favio Andreani, Fernando Bessa, Luiz Mameri y Eduardo Gedeon, funcionarios de la compañía Odebrecht, y se dispone la prohibición de salir del país de los mismos» directivos.
La reacción de Brasilia fue inmediata. «Estamos siguiendo el caso con preocupación y confiando en que se pueda resolver esta impasse mediante nuestra embajada en Quito», dijo anoche un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller brasileño, Celso Amorim, se encuentra en Nueva York acompañando a Lula en la Asamblea General de la ONU.
Por su parte, Odebrecht propuso contratar a una consultora internacional para evaluar su responsabilidad en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. «La constructora Norberto Odebrecht está presente en Ecuador hace 23 años ejecutando obras de infraestructura, contribuyendo con el desarrollo de aquel país», indicó la compañía en un comunicado. La empresa afirmó, además, que «el consorcio Odebrecht-Alstom-Vatech continúa comprometido a retomar la operación de la central hidroeléctrica en el plazo más breve posible».
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