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Se trata de la tercera jornada de protesta de los empleados estatales desde que en agosto del 2002 asumió el gobierno el presidente Alvaro Uribe, quien impulsa una estrategia para reducir el elevado déficit fiscal, pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La huelga de 24 horas, que afectaba a los sectores de salud, justicia y dependencias administrativas, se inició una semana después de que el gobierno liquidó la estatal Telecom, la principal telefónica de Colombia, e inició los trámites para despedir a unos 5.000 trabajadores de esa empresa.
El gobierno justificó la liquidación de Telecom en los altos costos laborales y administrativos, que no la hacían viable para competir en el mercado de las telecomunicaciones.
Uribe también admitió que otras empresas estatales como el Instituto de Seguro Social, el mayor proveedor de servicios de salud y de gestión de pensiones, y la petrolera Ecopetrol, podrían ser sometidas a planes de reestructuración.
"Atravesamos una situación difícil, pero no estamos derrotados ni acabados, eso es lo que quiere el neoliberalismo. No vamos a renunciar a hacer algo y no vamos a entregarnos mansamente al gobierno", dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias.
Los planes del gobierno buscan recordar a 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el déficit fiscal consolidado este año, desde el 3,6 al que llegó en el 2002, y así reducir un abultado endeudamiento, cumplir con el FMI y recobrar la confianza de los inversionistas extranjeros.
El plan de reestructuración pactado con el FMI contempla la supresión de 40.000 puestos estatales hasta el 2006 dentro de la fusión de ministerios y la eliminación de institutos gubernamentales.
Las Fuerzas Militares y de Policía fueron declaradas en estado de máxima alerta para evitar disturbios y actos de sabotaje durante la huelga que incluye marchas y concentraciones de trabajadores en las principales ciudades de este país de 40 millones de habitantes.
Los críticos de los recortes del gobierno aseguran que las medidas contribuirán a aumentar la pobreza que afecta a más del 60 por ciento de la población y el desempleo urbano que ronda el 18 por ciento.
Pese a la huelga de los trabajadores estatales, el presidente Uribe viajó a Costa Rica para una visita oficial.
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