Ciudad de México - La esperada legalización de la marihuana con fines recreativos, una de las principales promesas del presidente Andrés López Obrador, se encuentra a un paso de materializarse tras un acuerdo en el Senado mexicano. El proyecto presenta similitudes con el modelo uruguayo, ya que el Estado se haría cargo de la producción, distribución y comercialización del producto.
Tras un acuerdo en el Senado, México avanza seguro hacia la legalización de la marihuana
El plan tiene el respaldo de la mayoría de los legisladores de Morena y un sector del PAN, lo que por ahora garantiza su aprobación. Su debate comenzará el primero de febrero.
RECORDATORIO. La diputada del opositor Partido de Acción Nacional, Laura Rojas, le regaló un cigarrillo de marihuana a la ministra de Justicia, Olga Sánchez Cordero, en octubre pasado para recordarle la promesa del Gobierno de promover la iniciativa.
La pregunta de los especialistas es cómo recibirá Estados Unidos la eventual aprobación de la medida, dado que su política ha sido hasta ahora favorable al combate hacia las drogas. Al mismo tiempo, a diferencia que en el país oriental, los carteles de la droga controlan grandes áreas de territorio y su combate directo ha derivado en una ola de violencia que desde 2006 ha dejado más de 250.000 muertos. ¿El Estado negociará con ellos o continuará combatiéndolos? ¿Cómo se protegería ante eventuales represalias?
Desde abril de 2017 se aprobó en México el uso de esta droga “suave” con fines médicos y científicos, pero la clase política evitó a toda costa entrar en el debate de su despenalización, en parte por la presión de grupos ultraconservadores liderados por la Iglesia.
El uso de la cannabis en medicamentos ha ayudado de manera exitosa en algunos casos de tratamientos del dolor y de ciertas enfermedades, como la epilepsia, pero aún es muy complicado el proceso burocrático para obtenerlos y falta avanzar en las leyes secundarias para regular la nueva normativa.
Desde la asunción de López Obrador, el 1 de diciembre del 2018, la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exjueza de la Suprema Corte, había anticipado que las nuevas autoridades se disponían a tomar “el toro por las astas” y promover el fin de la prohibición.
La mayoría del partido oficialista Morena en la Cámara garantiza la aprobación de la iniciativa. Además cuenta con el respaldo de varios legisladores del Partido de Acción Nacional (PAN), al que pertenece el expresidente Vicente Fox (2000-2006), que defiende su apoyo a la legalización de la marihuana alegando beneficios económicos.
La propuesta oficial es que el Estado regule todas las fases del proceso, desde la siembra hasta la comercialización de la marihuana. Hace unos meses, cuando Sánchez Cordero compareció ante la Cámara de Diputados, la diputada federal del PAN, Laura Rojas le regaló un “porro” (cigarrillo de marihuana) para recordarle su iniciativa de legalizar esta sustancia.
En noviembre de 2018, la ministra presentó una medida por la que se expediría la Ley General para Regular el Control de la cannabis con la que se permitía el uso con fines recreativos, comerciales, científicos y de investigación. No obstante, el proyecto quedó en “punto muerto” por falta de acuerdos entre los partidos.
Sin embargo, ahora legisladores de las diversas comisiones involucradas acordaron iniciar la discusión el próximo primero de febrero, fecha en que se abre el nuevo período de debates del Congreso.
La nueva legislación prevé aumentar el consumo personal de 5 a 28 gramos y crear el Instituto Mexicano de Cannabis para emitir licencias y permisos y supervisar su producción y comercialización.
La marihuana estaría permitida para fines lúdicos ya sea para el consumo propio o compartido entre quienes integren asociaciones de consumo y se autorizará para investigación, uso médico o farmacéutico, paliativo o industrial, en la ley reguladora.
Sólo estará prohibido para fines cosméticos y productos comestibles, así como en bebidas con contenido mayor a 1% de THC, la sustancia psicoactiva de la planta.
La regulación pondrá la lupa sobre todo en actividades como almacenar, consumir, cosechar, vender, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar y exportar o importar la sustancia. Se prevén condenas de hasta 10 años de prisión por tráfico ilegal y se permitiría cultivar hasta 4 plantas en una vivienda.
Desde 2006, la Suprema Corte de Justicia allanó el camino para esta legalización cuando falló a favor del uso de la marihuana con fines recreativos y sin ánimo de lucro.
Algunos analistas consideran que la medida podría apuntar a reducir la ola de violencia que sacude al país desde hace 13 años y dejó una estela destructiva que se refleja en 275.000 muertos y unos 62.000 desaparecidos. No obstante, expertos en seguridad alertaron sobre la necesidad de “garantizar la capacidad de supervisión y de reforzar la atención de las adicciones”, como afirmó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano. Carlos Mendoza, asesor en estos temas, estimó que la reforma legal podría “restarle poder a las bandas criminales” y “restringir las utilidades que obtienen por el tráfico” de drogas.


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